De la Guerra Contra el Narco a la Política de Paz

Columnas miércoles 05 de enero de 2022 -

En diciembre de 2006, el gobierno del expresidente Felipe Calderón, inició una política de enfrentamiento directo con los grupos de la delincuencia organizada. Se inauguró con la implementación del operativo conjunto Michoacán que consistió en el despliegue de elementos de Policía Federal, SEDENA y SEMAR para la contención y combate de los delitos de alto impacto en determinadas ciudades, estados y regiones, así como para el debilitamiento de las estructuras criminales y sus líderes. Durante su administración, se implementaron cuando menos una decena de operativos de esta naturaleza en diferentes puntos del país.

Esto fue acompañado con otras líneas de acción, como el escalamiento de las capacidades operativas y tecnológicas del Estado, la reforma del marco legal e institucional y el fortalecimiento de la cooperación internacional, particularmente a través de Iniciativa Mérida. A pesar de esto, se registraron más de 120 mil homicidios dolosos durante el sexenio (el doble que con Vicente Fox), se experimentó una dispersión territorial de la violencia y una fragmentación importante de los grupos criminales.

Doce años después, en diciembre de 2018, con la presente administración se impulsó una política pacificación y de atención a las causas profundas de la violencia. Para lograrla, se han entregado millones de programas sociales de manera directa a los ciudadanos, se han replicado las mesas de seguridad en todo el país y se ha conformado Guardia Nacional como uno de los mayores proyectos del sexenio.

Aunque su planteamiento y el discurso han sido notoriamente distintos, los resultados de fondo son semejantes. Más allá de las cifras positivas que se exponen mes con mes, hoy por hoy se registran los mayores niveles de homicidio en las últimas tres décadas y se experimentan (como desde 2006) crisis de violencia en territorios como Guanajuato, Michoacán y Zacatecas.

¿Cuál es el balance de los quince años? Han sido asesinadas más de 380 mil personas, 360 mil desplazados internos y cerca de 72 mil están desaparecidas. Las policías locales siguen sin tener la capacidad de combatir al crimen organizado, se tienen desplegados más de 100 mil elementos con formación militar, los grupos criminales siguen desafiando el monopolio legítimo de la violencia del Estado, y no se cuentan con estrategias claras para socavar las actividades ilícitas.

En suma, aunque con diferencias cualitativas, estamos en el mismo impasse y no se ve una posible modificación en el corto plazo. Los argumentos que se planteaban hace diez años, con pequeñas modificaciones, siguen siendo vigentes cuando se habla de seguridad.

¿Cuáles deberían ser las lecciones aprendidas? Debe de quedar el conocimiento tanto de los aciertos como de los errores. Existen temas centrales como la necesidad de combatir la impunidad, fortalecer las instituciones de seguridad locales, mejorar las metodologías de trabajo en las policías, consolidar la inteligencia financiera y patrimonial, comprometer al poder judicial y al legislativo en el combate al crimen, y pensar seriamente en el futuro de la seguridad que se disputará en el ciberespacio y con nuevas herramientas tecnológicas.

* Candidato a Doctor en Ciencia Política por la UNAM y fundador de la Consultoría SIE. Twitter: @jgt_00