La Cámara de Diputados dio inicio este miércoles a la discusión de dos dictámenes que buscan establecer la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad. Estas reformas han sido señaladas por la oposición y organizaciones civiles como "Leyes espionaje".
El objetivo principal de ambas iniciativas legislativas es otorgar mayores facultades a las autoridades para investigar riesgos y amenazas relacionadas con la seguridad pública. Entre las medidas contempladas, se propone la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil.
Este registro permitiría a las instituciones de seguridad pública el acceso a datos personales vinculados a una línea telefónica, lo que facilitaría la obtención de información para investigaciones relacionadas con delitos como la extorsión y el secuestro. El registro contemplaría la vinculación de cada usuario con una identificación oficial, así como con la Clave Única de Registro de Población (CURP), o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en el caso de personas morales.
Sin embargo, organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales han expresado su preocupación, advirtiendo que este tipo de medidas "permitirán legalizar el espionaje militar", al considerar que vulneran derechos fundamentales en materia de privacidad y protección de datos personales.
Se prevé que, tras la discusión en el pleno, se convoque a votación de estas reformas durante el transcurso del día.