Debates y contrataciones públicas

Antier fue el primero de los tres debates presidenciales, y entre la decena de temas que se trataron, hay uno que afecta al bolsillo de toda la población: las contrataciones públicas.

Cada minuto, el gobierno, entiéndase el gobierno federal, los 32 gobiernos estatales, más de dos mil municipales, órganos autónomos, empresas del gobierno, entre otras instituciones, ejercen (gastan) millones de pesos de su presupuesto público, al cual contribuimos todas las personas que habitamos en México.

Hoy existe una regulación que incentiva las licitaciones públicas, pero la realidad es que cada vez más las autoridades usan las asignaciones directas, en las cuales no hay distintos oferentes, sino que son empresas o personas vinculadas directamente con alguien dentro del gobierno. Tenemos una plataforma nacional de transparencia cada vez con menos información de las contrataciones, porque nada pasa a las autoridades que no suben información, o que reservan la información por “seguridad nacional”. Tenemos gobiernos cada vez más opacos y más discrecionales en el ejercicio del gasto público.

Si ya tenemos una legislación que incetiva las licitaciones y la competencia y no se cumple, ¿cómo podríamos aprovechar la tecnología para reducir los casos de corrupción en materia de contratación pública? Una alternativa es que se facilite tanto la información que se genera en las compras públicas, como la supervisión de las actividades a realizar.

Por ejemplo, imagina que desde tu teléfono celular pudieras recibir alertas de las contrataciones que tu alcaldía o gobieno estatal realizarán para arreglar la calle en la que vives o repavimentar la carretera que usas diariamente para ir a trabajar. Así se incrementaría el número de personas que pudieran detectar irregularidades o complicidades en los procesos de contratación. Hoy es común que dichos procesos se hagan en fines de semana, en horarios infames (muy de madrugada o media noche) para simular competencia y asignar los contratos; y salvo las personas que se dedican a los temas de transparencia o trabajan en medios y que tienen el tiempo o interés en descubir los desfalcos, al resto de la población nos es irrelevante si se roban el dinero para construir un hospital en un lugar a mil kilómetros de nuestra casa, pero probablemente nuestro interés cambiará si estuviera a diez kilómetros. El uso masivo de los teléfonos inteligentes y el desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial pueden facilitar la cantidad y calidad de la información en materia de contrataciones públicas.

Para hacer realidad lo anterior, no se requieren reformas constitucionales, se requiere voluntad política y pequeños ajustes administrativos, y tal vez legales, para facilitar el uso de la tecnología en la supervisión del quehacer gubernamental.

Ante la estridencia y las acusaciones, están los hechos. Y los números, no mienten. No podemos seguir normalizado la manipulación de la información, o justificar “que antes también robaban”, que el dinero público es también fruto de nuestro trabajo. Desentendernos, es vivir resignados a los saqueos trianuales o sexenales.