Defensa jurídica del voto

En los distintos sistemas democráticos de la actualidad, existen diversos mecanismos jurídicos que buscan proteger los valores, principios y reglas del sistema constitucional electoral.

En toda democracia, el derecho a votar en elecciones libres y auténticas constituye la máxima expresión de la voluntad popular, por lo que resulta muy importante contar con medios para salvaguardar la legalidad y la legitimidad en la conformación del poder público.

A continuación, se explican tres distintos tipos de mecanismos jurídicos de defensa del voto, (entendido este concepto en el más amplio sentido) con los que cuenta el sistema jurídico mexicano:

1. El sistema de medios de impugnación en materia electoral, integrado por una serie de Juicios y recursos de carácter jurisdiccional que son resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cuyas resoluciones son definitivas, ya que no existe otra instancia que pueda revisarlas. Entre ellas destacan el Recurso de Apelación (RAP), el Juicio de Inconformidad (JIN), el Juicio de la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC), previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por mencionar algunos.

2. El régimen administrativo sancionador electoral, compuesto por una serie de procedimientos administrativos que se sustancian ante el Instituto Nacional Electoral, y que pueden iniciarse de oficio o a petición de parte. Los procedimientos pueden ser ordinarios o especiales y pueden versar sobre aspectos relacionados con el financiamiento de los partidos políticos, o sobre distintas faltas o irregularidades. Las sanciones administrativas pueden ser revisadas por un órgano jurisdiccional.

3. Delitos electorales tipificados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Aunque la persecución de los delitos se realice por un órgano administrativo, los castigos son impuestos por jueces de esa materia. Los delitos electorales prevén sanciones que llegan a alcanzar la privación de la libertad para conductas consideradas especialmente graves, las cuales pueden dañar el régimen democrático y los derechos de los ciudadanos.

Los mecanismos aquí mencionados tienen el objetivo de defender el correcto funcionamiento de las instituciones, los partidos y, sobre todo, la tutela efectiva de los derechos político-electorales de los ciudadanos, como el derecho a votar y a ser votado.

A su vez, en cada entidad federativa pueden replicarse todos o alguno de estos mecanismos jurídicos de defensa, mismos que como se ha mencionado, sirven para proteger y salvaguardar los derechos de las personas a votar en elecciones libres y auténticas, es decir, a que sea respetada la voluntad popular mayoritaria expresada en las urnas.

Gracias a estos mecanismos, el ciudadano puede tener la certeza de ejercer sus derechos político-electorales sabiendo que la normatividad mexicana los protege ampliamente, manteniendo así la legitimidad de la democracia.

Flor de Loto: Nadie se equivoca en su voto, cuando en él expresa libremente su voluntad.