Las recientes declaraciones del Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, respecto de que los cárteles mexicanos utilizan drones en sus enfrentamientos internos y que eventualmente podrían emplearlos contra intereses estadounidenses han sido interpretadas, en términos generales, como una nueva escalada discursiva en la llamada guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, una lectura más detenida permite advertir que lo que está ocurriendo es más profundo y más complejo.
Los hechos en que se insertan estas declaraciones son significativos. Por un lado, la comparecencia del general en retiro Gerardo Mérida ante una corte federal de Nueva York, en cuyo marco la jueza del caso sostuvo que los acusados vinculados con redes criminales están llegando “en olas”. Por otro, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que no es aceptable que el Departamento de Justicia estadounidense termine determinando aspectos sustantivos de la vida democrática mexicana.
La discusión pública ha quedado atrapada entre dos posiciones previsibles: quienes consideran que Estados Unidos busca justificar nuevas formas de intervención y quienes sostienen que simplemente está respondiendo a una amenaza criminal cada vez más sofisticada. Ambas interpretaciones son insuficientes.
El punto crucial es otro. Estados Unidos está reaccionando, sobre todo, a lo que se percibe en Washington como debilitamiento de la capacidad estatal en numerosos países de América Latina. Desde esta perspectiva, el problema central no son los cárteles en sí mismos, sino la aparición de espacios territoriales donde el Estado deja de ejercer plenamente sus funciones de regulación, control y monopolio de la fuerza.
En este contexto, el uso de drones por los cárteles mexicanos adquiere un significado distinto: su importancia no radica necesariamente en su capacidad destructiva; lo relevante es que simbolizan la transferencia de capacidades estratégicas que durante décadas estuvieron reservadas a los aparatos militares estatales. Lo mismo ocurre con los sistemas de inteligencia, vigilancia, comunicaciones encriptadas y operaciones financieras transnacionales. La preocupación de Washington no es únicamente lo que estas organizaciones son hoy, sino lo que podrían llegar a ser en el futuro.
Por ello resulta insuficiente interpretar la actual postura estadounidense únicamente desde la lógica del combate al narcotráfico o del supuesto “injerencismo electoral”. La crisis del fentanilo es real. También lo son la violencia transfronteriza y la expansión de mercados ilícitos cada vez más complejos. Pero existe además una dimensión geopolítica, pues en un escenario marcado por la competencia estratégica con China, la reorganización de las cadenas globales de suministro, el nearshoring y la disputa por infraestructuras críticas, la estabilidad institucional de América Latina adquiere una importancia renovada para los intereses estadounidenses.
Lo que se perfila es pues, una rearticulación de la seguridad hemisférica basada en la premisa de que los vacíos de gobernanza constituyen riesgos estratégicospara los EEUU. Por ello, el reto que enfrenta México en esta coyuntura se encuentra sobre todo en recuperar la credibilidad estatal, pero eso exige la reconstrucción de un entramado institucional creíble, capaz de reconducir al país hacia un nuevo curso de desarrollo basado en una potente democracia, garante de nuestra libertades y derechos humanos.
Investigador del PUED-UNAM