Más de veinte fiscales generales estatales han presentado una demanda contra el gobierno de Estados Unidos tras la decisión de reducir a la mitad la plantilla del Departamento de Educación.
La querella, presentada ante un tribunal federal en Massachusetts, impugna la medida anunciada el martes, que contempla la eliminación de 2,000 empleos en el departamento como parte de la política de la administración del expresidente Donald Trump para disminuir el tamaño del gobierno federal.
De acuerdo con la demanda, la secretaria de Educación, Linda McMahon, implementó esta reducción afectando funciones esenciales del Departamento establecidas por ley, lo que generaría un impacto negativo en los sistemas educativos de los estados demandantes.
Con esta medida, el número de empleados del Departamento de Educación se ha reducido de 4,133 a 2,183. Entre los 1,950 puestos eliminados, se incluyen cerca de 600 funcionarios que optaron por renunciar voluntariamente o acogerse a la jubilación.
Los trabajadores restantes serán colocados en baja administrativa a partir del 21 de marzo, recibiendo salario y beneficios hasta el 9 de junio, junto con una indemnización al finalizar sus contratos.
Según The Wall Street Journal (WSJ), esta decisión se da en un contexto en el que la administración republicana evalúa una orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación, en línea con la promesa de campaña de Trump de reducir la intervención federal en la educación y dar mayor autonomía a los estados.