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Derecho penal ¿en extinción?

Derecho penal ¿en extinción?

Columnas lunes 23 de noviembre de 2020 - 00:43

Por Miriam Heredia

Partiendo de una definición moderna del derecho penal, entendiéndolo como un sistema orientador del aparato judicial en la aplicación de leyes penales, que tiene por objeto contener y reducir el poder punitivo (Zaffaroni), podríamos distinguir con facilidad las conductas regidas por el derecho penal de otras reguladas por diversas ramas del derecho. Pero, como sabemos, las “leyes penales” no son solo las emanadas del Poder Legislativo y aplicadas por las fiscalías y el Poder Judicial. Existen otras normas que habilitan un poder o función punitiva eventual a otros entes cuya función primordial es otra. En México, el gobierno en turno, hambriento de expandir su poder de castigar para legitimar su discurso populista, está recurriendo a estas normas en forma sistemática y preocupante.

Desde una perspectiva “agnóstica” sobre la función social de ese poder de castigar, la pena que corresponde a un delito es más un fenómeno político que jurídico (Barreto), que obedece a objetivos específicos de los gobernantes, más que a la restauración del orden jurídico quebrantado. Así, el derecho penal debe funcionar entonces como un límite al poder ejercido por agencias no jurídicas (o sea políticas). De lo contrario, dicho poder podría avanzar sin límites destruyendo a su misma camisa de fuerza: el estado de derecho.

En este sexenio, hacer lujo del poder punitivo es el discurso cotidiano, orientado a sostener la confianza en el supuesto “nuevo sistema”. La promesa de erradicación de la corrupción como brújula de toda la administración pública, ha servido para legitimar el aumento del catalogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, la reducción del arbitrio crítico judicial, la sustitución del brazo policial por el militar, la normalización de prácticas “consultivas” irregulares y la generación de condiciones de cooptación del voto. Este ecosistema autocrático explica la “Ley Nieto”. La ambigüedad y subjetividad de expresiones como “cuando se cuente con indicios suficientes” para que una unidad de la Secretaría de Hacienda congele cuentas bancarias, debilitan los límites jurídicos a la autoridad y dejan vía libre a la arbitrariedad.

Los impulsos de todo ente público para perseguir y castigar sin mecanismos de contención ya no son la excepción, sino la regla. Cualquier conducta que lesione la confianza en el sistema será perseguida con rigor y se buscará que los castigos “re-normalicen” a la sociedad a través de “cruzada moral” en pos de un “bien mayor”. Este enfoque revigoriza las teorías “positivas” de la pena, que plantean -falsamente- que el castigo es un bien deseado por la sociedad y en algunas vertientes, por el individuo mismo.

En México, día a día los mecanismos de contención del poder punitivo son reducidos al mínimo y el potencial castigo pende sobre todos cual espada de Damocles. Nuestro derecho penal ha iniciado su proceso de extinción.


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