El Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) coloca nuevamente a México en el centro de una conversación que trasciende las fronteras nacionales.
La agencia que integra el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publica este diagnóstico desde 1997 con información recopilada en decenas de naciones para identificar tendencias globales relacionadas con el narcotráfico, el consumo y la delincuencia organizada.
Sus datos son contundentes. Durante la última década, el consumo mundial de drogas aumentó cerca de 33 por ciento. La marihuana continúa como la sustancia ilícita de mayor consumo, pero el crecimiento más acelerado corresponde a las drogas sintéticas, en particular las metanfetaminas, cuyo mercado se expande con rapidez.
México aparece en ese escenario por varias razones. La primera corresponde a su papel como productor y punto estratégico para el tráfico internacional de drogas sintéticas. La segunda responde al incremento del consumo interno de metanfetaminas, fenómeno que dejó de ser un problema exclusivo de exportación para convertirse en un desafío de salud pública.
Uno de los hallazgos más importantes es que, el informe documenta la presencia de organizaciones criminales mexicanas en distintos continentes. La expansión de estas redes evidencia que el narcotráfico opera bajo una lógica empresarial, con capacidad para transferir tecnología, abrir mercados ilícitos y establecer alianzas fuera del continente americano.
Otro elemento merece atención. La UNODC vincula el crecimiento del mercado de drogas con mayores niveles de violencia, corrupción y delincuencia organizada. Cada kilogramo asegurado representa una estructura financiera que busca sustituir pérdidas mediante nuevos mercados y nuevos consumidores.
El documento deja abierta una discusión relevante, aunque analiza producción, consumo y rutas del narcotráfico, dedica menor atención a los mecanismos financieros que permiten el lavado de miles de millones de dólares provenientes de actividades criminales. Sin seguir el dinero resulta imposible comprender la dimensión completa del problema.
En este contexto, México enfrenta una responsabilidad compartida con otras naciones. Ninguna estrategia nacional puede contener por sí sola un mercado ilícito cuya operación depende de cadenas internacionales de suministro, financiamiento y distribución.
Los resultados, además, permiten observar avances. Durante la actual administración de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, las instituciones federales han fortalecido los aseguramientos de laboratorios clandestinos, incrementaron el decomiso de precursores químicos y ampliaron la coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades de inteligencia financiera para debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales.
Las acciones emprendidas también incluyen una mayor cooperación con Estados Unidos y Canadá para contener el tráfico de fentanilo y metanfetaminas, además de fortalecer programas dirigidos a jóvenes y comunidades con mayores factores de riesgo. Estos esfuerzos muestran que la respuesta del Estado mexicano no se limita al uso de la fuerza, sino que incorpora prevención, inteligencia e investigación.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
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