Desconexión internacional

La retirada de los Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, anunciada en la víspera, representa un retroceso en la defensa de los derechos fundamentales. Si bien esta segunda administración de Donald Trump ha justificado su decisión con argumentos de soberanía y desacuerdo con la composición del organismo, el mensaje que envía es claro: la protección de las garantías individuales ya no es una prioridad para Washington.

La comunidad internacional tiene la responsabilidad de redoblar esfuerzos y demostrar que los derechos humanos son un principio innegociable. La ausencia de un actor clave como los Estados Unidos no debe significar la inacción, sino el fortalecimiento de una estructura global que garantice la justicia y la dignidad de todas las personas.

Este recien anuncio marca un punto de inflexión en la política global. Su intención de desvincularse de normativas internacionales evidencia una administración que busca gobernar sin contrapesos, desechando principios fundamentales que garantizan la protección de los derechos humanos.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha firmado una serie de decretos ejecutivos con efectos directos en la política exterior. No solo retiró a país del Acuerdo de París, sino que también puso fin a la participación en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ahora, con la salida del Consejo de Derechos Humanos, debilita un organismo esencial para la supervisión global de abusos y violaciones sistemáticas.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, creado en 2006, se ha consolidado como el principal foro intergubernamental para la protección de derechos fundamentales. Con sede en Ginebra, su labor ha sido fundamental en la documentación de crímenes de guerra, la creación de comisiones de investigación y la emisión de resoluciones contra regímenes opresivos.

El organismo, compuesto -hasta ayer- por 47 estados miembros elegidos por la Asamblea General de la ONU, ha adoptado más de 1,400 resoluciones desde su creación. Su mecanismo más relevante, el Examen Periódico Universal (EPU), permite evaluar la situación de los derechos humanos en cada país, obligando a los gobiernos a rendir cuentas.

Esta renuncia del gobierno estadounidense no solo reduce la capacidad del Consejo para ejercer presión política, sino que también envía un mensaje peligroso: el país más influyente del mundo rechaza ser supervisado en materia de derechos humanos.

Desde su fundación, el Consejo ha enfrentado críticas por la presencia de países con históricos antecedentes de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, su importancia radica en la presión que ejerce sobre los Estados y en su capacidad para documentar abusos, como lo hizo en Siria, Sudán del Sur y Myanmar.

Gobiernos como los de Colombia, Brasil y México han recurrido al Consejo para denunciar desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad y violencia estatal. Sin la presencia de Estados Unidos, se reduce el respaldo político para sancionar a regímenes autoritarios y fortalecer la cooperación en materia de derechos humanos.

Sin embargo, el abandono de los Estados Unidos no debe interpretarse como el fin del Consejo. Por el contrario, representa una oportunidad para que otras naciones asuman un rol más activo en la defensa de los derechos humanos.

La Unión Europea, América Latina y otras regiones deben fortalecer su compromiso con los mecanismos de protección internacional. En un mundo donde los regímenes autoritarios buscan consolidar su poder, la supervisión y la cooperación global son más necesarias que nunca.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017