Despiden a 11 funcionarios de la Fiscalía por recabar firmas para el Bronco en su aspiración presidencial

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León anunció el despido de 11 de sus trabajadores al encontrar evidencia de la culpabilidad de haber desviado recursos públicos para la recolección de firmas en la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encontró evidencia suficiente para declararlos culpables.

De acuerdo con información de Proceso los cesados son un director, un coordinador de área, tres agentes del ministerio público, un perito, un auxiliar de investigación, un asistente y tres elementos ministeriales.

La sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, dictada el 21 de junio de 2018, la Fiscalía General, independiente del Gobierno Estatal, indicó que las sanciones son aplicadas “por una serie de apoyos brindados por servidores públicos del Estado al entonces candidato presidencial Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, algunos pertenecientes a esta institución”.

Los trabajadores de la Fiscalía de Nuevo León fueron notificados por la Visitaduría General, que encontró que todos ellos “faltaron a los principios de neutralidad e imparcialidad en la equidad de la competencia electoral, al captar apoyos (firmas electrónicas) en día y horario laboral a favor de la candidatura independiente de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón”.

Además de ser removidos del cargo, se les canceló el certificado de servidor público, anotación que quedó asentada en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública.

El Bronco pidió licencia como gobernador y anunció que buscaría la candidatura para la Presidencia de México, por lo que se lanzó a recorrer el país para buscar las firmas electrónicas necesarias que le pedía la autoridad electoral para registrarse sin partido, ahí es donde los funcionarios extralimitaron sus funciones.

El Tribunal ordenó al Congreso Local que impusiera castigo a El Bronco, aunque luego el gobernador ganó una controversia constitucional, con la que se determinó que los legisladores locales no tenían facultades para imponerle sanción.

Ahora lo que resta es que la misma legislatura proceda con un juicio político contra el gobernador, procedimiento que difícilmente se cumplirá, pues Rodríguez termina su mandato en octubre del 2021.