El desplazamiento forzado interno refiere a personas o grupos de personas que se han visto obligadas a huir de su hogar o de su lugar de residencia, como resultado de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los Derechos Humanos o de catástrofes (naturales o causadas por los hombres), y que no han cruzado las fronteras nacionales.
En México, en 2020, según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (con sede en Noruega), existen más de 366 mil desplazados a causa de conflictos y más de 200 mil personas por catástrofes. Esto es, que el año pasado, se registraron más de 566 mil desplazados bajo esta categoría en el país.
Si se hace un análisis detallado de los datos, es posible observar que en 2009 sólo se tenían contabilizados 8 mil desplazados por conflictos. Para 2020, esta cifra se elevó a más de 357 mil.
Otra fuente relevante es la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos que señaló que, hasta abril del año en curso, más de mil personas tuvieron que abandonar sus hogares. Dos eventos fueron de importancia para entender tal cifra. El primero en Aguililla, Michoacán, derivado del enfrentamiento de grupos que provocó el desplazamiento de cerca de 680 personas.
El segundo fue de más de 400 personas que debieron abandonar sus comunidades en los municipios de Quitupan, Jalisco y en Cotija, Michoacán, debido a incursiones armadas. No es menor señalar que las mujeres y los niños son los perfiles que sufren la mayor afectación, ya que esto los expone a situaciones de mayor peligro.
Esta problemática está asociada a fenómenos criminales como el surgimiento, desarrollo y expansión de grupos delictivos, así como a las rutas criminales que se han configurado y a los puntos de acceso y salida de mercancía ilícita (como puertos, aeropuertos y puntos fronterizos). También debido a los homicidios, desaparición de personas, secuestro, extorsión y constantes balaceras que se experimentan en municipios y regiones enteras.
En 2008, Ciudad Juárez fue tildada como una de las ciudades más violentas de México y del mundo. Desde entonces, la dispersión geográfica de la violencia ha variado de manera notoria. De Tijuana a la frontera chica de Tamaulipas, de tierra caliente en Michoacán a Acapulco, de Veracruz a diferentes municipios de Morelos, y más recientemente de Guanajuato a Zacatecas, por mencionar algunos ejemplos. Prácticamente en todas las ciudades y estados nombrados, la violencia ha dejado detrás de sí pueblos fantasmas, comunidades fragmentadas y afectación económica local.
El desplazamiento forzado interno es más que la movilidad de personas de un punto a otro del territorio, pues tiene impactos negativos muy relevantes. La necesidad de huir de manera intempestiva y no voluntaria, crea incertidumbre y desestabilización en las familias; provoca una afectación económica porque las personas dejan sus actividades laborales y sus pertenencias detrás; además que se rompe el tejido social, los vínculos familiares y de comunidad. Es una afectación mayúscula para las personas que lo experimentan.
Este tema ha sido poco significativo entre la sociedad, la academia y el gobierno. Se le da mucho menos importancia comparado con el homicidio u otro tipo de delitos, sin embargo, debería de ser un tema con mayor peso en la agenda pública y de discusión generalizada. Recién en septiembre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, sin que haya sido posteriormente votada en el Senado. Es imperativo que, en una lógica de construcción de paz, se le dé una mayor importancia al tema.
* Candidato a Doctor en Ciencia Política por la UNAM y fundador de la Consultoría SIE. Twitter: @jgt_00