En un operativo conjunto coordinado por el Gabinete de Seguridad Nacional, fueron detenidas dos personas en Tijuana, Baja California, por su presunta implicación en varios casos de secuestro, incluyendo uno reciente ocurrido en el Estado de México. Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estas acciones forman parte de una estrategia para combatir la impunidad en delitos graves. "Estos hechos delictivos no quedarán impunes", subrayó el funcionario.
La detención se logró gracias al trabajo colaborativo entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales.
Los detenidos, un hombre y una mujer, habrían participado en la privación de libertad de un comerciante de autos seminuevos en Toluca, Estado de México, el pasado 12 de octubre. Cámaras de seguridad captaron el vehículo utilizado en el crimen, lo que permitió identificar a la mujer detenida, quien posteriormente viajó a Tijuana junto a un cómplice.
Las autoridades locales localizaron el domicilio donde se encontraban los sospechosos, quienes aparentemente forman parte de una célula delictiva vinculada con al menos tres casos de secuestro en la región. Ambos fueron puestos a disposición judicial para enfrentar cargos por su presunta participación en estos crímenes.
Estas detenciones se producen en el marco de un ambiente tenso en el Estado de México, tras la implementación de la "Operación Enjambre", liderada por García Harfuch. En dicho operativo se han arrestado a varios funcionarios públicos y agentes de seguridad acusados de delitos graves como homicidio, extorsión y secuestro, muchos de ellos con presuntos nexos con el crimen organizado.
Entre los casos más destacados, se encuentra el de María Elena 'N', presidenta municipal de Amanalco, acusada de homicidio calificado. Testimonios señalan que ordenó el asesinato de un síndico y su chofer, cuyos cuerpos fueron hallados en enero pasado. Asimismo, otros funcionarios, como directores de seguridad y jefes operativos de diversos municipios, enfrentan procesos por su participación en actos ilícitos, incluyendo extorsión y secuestro.
Foto tomada de redes sociales