La acción fue el resultado de investigaciones de campo e inteligencia llevadas a cabo por el Gabinete de Seguridad, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como autoridades locales del estado de Hidalgo. Durante estos operativos, se ejecutaron órdenes de cateo en predios vinculados con la venta y distribución ilegal de hidrocarburo.
A raíz de denuncias ciudadanas que alertaban sobre inmuebles con un fuerte olor a combustible, los cuales representaban un riesgo para la población, se generaron diversas líneas de investigación sobre el robo de hidrocarburo de los ductos de Pemex. Esto permitió identificar seis predios en los municipios de Cuautepec de Hinojosa, Singuilucan y Santiago Tulantepec, donde se almacenaba y distribuía hidrocarburo de manera ilegal, además de comercializarse diversas drogas.
Con la información obtenida y los datos de prueba, un juez de control emitió las órdenes de cateo, que fueron ejecutadas simultáneamente en un operativo coordinado, respetando en todo momento los derechos humanos. Durante los cateos, fueron detenidas cinco personas, una de las cuales tenía una orden de aprehensión por delitos relacionados con la salud. Asimismo, se aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, dos unidades de carga (una torton y una pipa), siete camionetas (dos de ellas blindadas), tres vehículos tipo sedán y tres motocicletas (dos con reporte de robo).
En los operativos también se encontraron 47 dosis de marihuana, 137 dosis de cocaína y cuatro dosis de cristal, así como varios elementos utilizados para la extracción de hidrocarburos, incluyendo maquinaria, una moto bomba, tres tramos de manguera sintética, aproximadamente 2,770 litros de combustible, dinero en efectivo, remolques tipo contenedor, un contenedor de 36,000 litros y otro de características similares a los usados para transportar grano.
Los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial, mientras que los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y del motivo de su detención. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.
Es importante resaltar que las personas detenidas son presuntas inocentes hasta que se determine su responsabilidad a través de una sentencia judicial, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso con la población para combatir la delincuencia y la impunidad, siempre respetando los derechos humanos.