Por Claudia Bolaños
Ante la llegada al país de la fase 3 de la pandemia de COVID-19, la más crítica, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados se pronunció a favor de la coordinación entre Gobierno Federal y entidades federativas, tomando decisiones basadas en evidencia científica, brindar información oportuna y atender las medidas que dicte el Consejo de Salubridad General y a proteger los derechos humanos de la
población.
En un comunicado pidieron el asegurar a los servicios básicos y subsanar efectos negativos en lo económico y social.
Los líderes de todas las bancadas partidistas en San Lázaro, llegaron a estos acuerdos luego de la reunión virtual en la JUCOPO.
Respecto a las medidas coercitivas, como las que se realiza en algunas entidades, los diputados consideraron que no obstante que algunas disposiciones de la autoridad sanitaria tienen carácter de obligatorio.
“Toda autoridad está obligada a respetar y proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución federal y las Constituciones locales y que en este caso cobra especial importancia el principio de proporcionalidad, por lo que, en ningún caso, dichas medidas pueden implicar suspensión o violación de derechos humanos”.
Y pidieron coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
“Para hacer frente a los efectos más graves de la pandemia es necesaria la plena coordinación entre el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los ayuntamientos para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomen las acciones que sean necesarias para hacer un frente común en el que el centro de sus decisiones sea salvar el mayor número de vidas”, indicaron.
Resolvieron que las decisiones gubernamentales tienen que estar sustentadas, además, en las evidencias científicas y en las mejores prácticas tanto internacionales como nacionales, en las que también haya estrecha colaboración de todos los sectores productivos y sociales del país.
Dichas medidas tienen que privilegiar la coordinación, la prevención, el control y la información oportuna a la población para que, de manera consciente, la sociedad asuma la corresponsabilidad necesaria, y se tomen medidas especiales de protección de las personas, especialmente de aquellas que están en condición de vulnerabilidad actual o latente.
Todas las autoridades deben seguir como parámetro mínimo indispensable la ruta que ha establecido y que dicte el Consejo de Salubridad General, respetando además la concurrencia en la materia de salud y otras que corresponden a los distintos órdenes de gobierno.