Claudia Bolaños
La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 400 votos a favor, 47 en contra y dos abstenciones, el dictamen a la minuta que expide la Ley General de Educación Superior, cuyo propósito es establecer las bases para cumplir con la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior.
Con ello, se da cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 3º, que refrenda el carácter público, gratuito y laico de la educación superior, cumpliendo con el principio de ser universal con un enfoque de equidad, excelencia e inclusión.
El nuevo ordenamiento abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre de 1978.
Busca contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país, por medio de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora con un alto compromiso social.
También, distribuir la función social educativa del tipo de educación superior entre los tres órdenes de gobierno, orientar los criterios para el desarrollo de políticas públicas con visión de Estado, establecer criterios para el financiamiento y regular la participación de los sectores público, social y privado en la educación superior.
Reconoce la autonomía que la ley otorga a las universidades e instituciones de educación superior, así como a su régimen jurídico, autogobierno, libertad de cátedra e investigación, estructura administrativa, patrimonio, características y modelos educativos, y promueve programas de apoyo para la titulación de los estudiantes.
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