Claudia Bolaños
La Cámara de Diputados aprobó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con la unanimidad de 481 votos, para agilizar los juicios en la materia, a través de la oralidad.
La nueva ley integrada por mil 191 artículos y veinte transitorios, considera agilizar procedimientos, los expedientes y juicios sumarios, en menos de 30 días.
Para apresurar las labores de una de las áreas más saturadas del Poder Judicial, como lo son la materia civil y familiar, y acelerar divorcios, adopciones, custodia, herencias y pensiones alimentarias, es que los diputados aprobaron una ley general.
El nuevo código entrará en vigor de manera gradual y deberá estar concluido el 1 de abril de 2027.
Se contemplan y regulan las acciones colectivas para la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, mismas que serán ejercidas ante los órganos jurisdiccionales de la Federación en el ámbito federal y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente.
Considera que todos los procedimientos judiciales y los trámites que los integran, del orden civil y familiar, podrán tramitarse en línea y, en su caso, celebrarse todas o algunas audiencias a distancia, presentarse promociones y emitirse resoluciones electrónicas, así como autenticarse las mismas con firma electrónica certificada.
Por otra parte, en la sesión de este lunes, las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación aprobaron cinco dictámenes que definen las listas de personas candidatas a ocupar los cargos de titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de la CNDH, FGR, INEGI, INAI e IFT para el periodo del 1 de mayo de 2023 al 30 de abril de 2027. Los remitió a la Junta de Coordinación Política.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Juan Carlos Romero Hicks (PAN), señaló que al jueves 20 de abril se recibieron 141 registros, de los cuales 35 son para Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 36 para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 35 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 23 para la Fiscalía General de la República (FGR) y 12 corresponden al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En otro tema, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, reformas y adiciones a diversos artículos del Código Penal Federal, con el objetivo de actualizar y aumentar las sanciones para quien realice conductas en contra de áreas naturales protegidas, zonas vegetales y/o cambie el uso de suelo forestal.
El dictamen, avalado en lo general con 457 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, modificó los artículos 418, 419 y 423 de dicho Código. Mientras que, en lo particular, se validaron con 452 votos en pro, 26 en contra y una abstención, los artículos reservados en términos del dictamen. Se envió al Senado para sus efectos constitucionales.
Las reformas establecen que se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y multa de cien a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, al que sin contar con la autorización previa de la autoridad competente, desmonte o destruya la vegetación forestal o cambie el uso de suelo en terrenos forestales.
Dicha pena de prisión deberá aumentarse hasta en cuatro años más y la multa hasta en cinco mil veces el valor diario de la UMA vigente cuando esas conductas afecten un área natural protegida.