Un mandato que dejó Andrés Manuel López Obrador antes de irse formalmente de la presidencia de la república fue la reforma judicial que la mayoría abrumadora del Movimiento de Regeneración Nacional o Morena en la Cámara de Diputados aprobó el pasado 3 de septiembre, en una sede alterna, por 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones. Después del Congreso de la Unión, el proceso siguiente fue rutinario con el visto bueno de los congresos estatales.
Lo complicado viene ahora con la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los puestos vacantes de los magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y el 50 por ciento de magistrados de tribunales colegiados de circuito y tribunales de apelación y los integrantes de los jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. En total más de mil cargos judiciales.
Para esa elección monumental, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala está pidiendo originalmente 13 mil millones de pesos para complementar todos los gastos que conlleva unos comicios de tal magnitud. Ya está en pláticas con Ricardo Monreal Ávila, ´presidente de la Cámara de Diputados y al parecer habrá una rebaja importante en ese gasto.
También pedía el INE aplazar las elecciones tres meses para realizarlas en octubre, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que se deben hacer conforme la fecha programada en la Constitución recién aprobada por el Congreso. Le urge que no se aplace más, de acuerdo con la instrucción heredada por López Obrador.
Lo que cueste a final de cuentas esa elección, va a ser un gasto enorme que debió utilizarse para otras prioridades nacionales y no para mitigar el capricho del líder morenista. Es increíble que el gobierno y los legisladores morenistas estén más preocupados por este proceso que por solucionar problemas reales en materia de salud, seguridad, educación, por ejemplo. Claro, el presupuesto de los programas sociales que son los que dejan votos, se van a mantener y aumentarán para otros sectores de la población como a las mujeres de 60 a 64 años de edad.
Si se cumple la instrucción de Claudia Sheinbaum Pardo la elección de jueces deberá hacerse el 1 de junio del 2025 con una gran movilización de autoridades electorales; miles de ellos tendrán que trabajar a marchas forzadas para hacer realidad el sueño tabasqueño, aunque a final de cuentas eso no va a garantizar que se acabe la corrupción en el Poder Judicial. Muchos creen que va a ser lo contrario, con cientos de jueces que obedecerán exclusivamente las consignas de las autoridades morenistas. Ya lo confirmaremos en unos meses.
Lo peor es que ni siquiera hay mucho interés de parte de los posibles abogados candidatos -- que deben tener promedio de 8 en sus calificaciones y cinco cartas de recomendación de sus vecinos para poder ser elegibles --, aunque la maquinaria morenista ya saco de la manga el número suficiente de aspirantes para que no falten.
Para complementar el cuadro kafkiano, en la elección seguramente vamos a tener a Yazmín Esquivel, con todo y su título “pirata” y Lenia Batres, como posibles candidatas a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sumisas a las decisiones del poder morenista.
Las cosas no pintan bien para México con la reforma judicial ¿Pero qué necesidad?