Entre los usos y costumbres del sistema político mexicano, los “Varguitas” proliferan a lo largo y ancho del país en los más de 2,500 municipios y en algunos cargos públicos donde la rentabilidad de la burócrata tramitología lo permite. El ejemplo más reciente es Diego Rivera Navarro, ex alcalde de Tequila, Jalisco, preso en penal del Altiplano.
Sin el menor escrúpulo y al más puro estilo de la “Ley de Herodes”, del cineasta Luis Estrada, Diego Rivera, se sirvió del poder para enriquecerse y darse la gran vida a costa de sus gobernados. El alcalde morenista está acusado de una red de extorsión a comerciantes, guías de turistas, empresas cerveceras y tequileras, además de estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Su detención fue motivo de celebración entre los asfixiados habitantes del municipio de Tequila. Lamentablemente no es el único, el periódico Reforma, reveló que: “De 2018 a la fecha, al menos 25 Alcaldes o que recién habían dejado el cargo han sido detenidos por su presunto vínculo con el crimen organizado, el secuestro o incluso el asesinato, principalmente en Edomex y Puebla con seis casos cada uno, Chiapas, con cuatro, y Jalisco con dos”
De acuerdo con Reforma, “la mayoría de los detenidos militaban en Morena, con 8 casos; en el PRI, 4; de MC, 4; PRD, 3; y del PAN, PT, PVEM, Pacto Social, Chiapas Unido yFuerza por México uno cada uno”
Una constante en los últimos años: crimen y política; narco y política, historias que se cruzan y complican el quehacer de los presidentes municipales convirtiendo sus territorios en escenarios de sangre y muerte, como ha sucedido en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Veracruz entre otros estados.
Las detenciones recientes son producto de la "Operación Enjambre", que en noviembre pasado llevó a la detención de la Alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, y de Santo Tomás, María del Rosario Matías Esquivel, ambas del Estado de México, acusadas de nexos con el crimen organizado y otros delitos relacionados con la extorsión.
Invisibles para las autoridades estatales, federales y sus partidos políticos, luego de las campañas electorales, los alcaldes quedan a merced de los caciques de la región, de los narcotraficantes y de los líderes del crimen organizado, que las más de las veces, son como la Santísima Trinidad, un ser único en tres modalidades.
La guerra declarada contra el narco y el crimen organizado, los coloca en la primera línea de fuego del frente de batalla, sin protección alguna, ante la disyuntiva de: “plata o plomo”, como les sucedió a 119 alcaldes en funciones y electos, asesinados en los últimos 25 años.
La ley de Herodes pasó de ser una demoledora sátira política, a la delirante premonición del México real en plena transformación.
@guillegomora