El Tren Maya, 147 veces el presupuesto destinado a la reconstrucción en la CDMX

Columnas miércoles 20 de septiembre de 2023 -

Pocos podrían haberse imaginado que, a casi seis años exactos del devastador sismo que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, miles de damnificados aún esperarían una solución. A pesar de que el terremoto dañó aproximadamente 22 mil viviendas y afectó a 370 edificios, aún persisten inmuebles por rehabilitar o reconstruir. Y más desconcertante es el hecho de que, mientras los damnificados continúan en la incertidumbre, se destinen enormes sumas de dinero a proyectos faraónicos como el Tren Maya, una megaobra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al comparar el presupuesto destinado a la reconstrucción, con otros proyectos gubernamentales –como el fastuoso proyecto ferroviario–, se evidencia una disparidad preocupante. El presupuesto de reconstrucción (estimado) fue de 3 mil 500 millones. Según el diario San Diego Union-Tribune, el costo del Tren Maya, al cierre del presente año estará sobre los 515 mil 762 millones de pesos. En contraste, el periódico El Economista reportó que su costo, con los mil 500 kilómetros de recorrido, a mediados de 2022, llegaba a los 167 mil 341 millones.

Para ponerlo en perspectiva, con el costo de este capricho presidencial, hubiera sido posible financiar aproximadamente 147 veces el presupuesto destinado a la reconstrucción en la Ciudad de México. Esta comparación pone de manifiesto las prioridades del gobierno y plantea interrogantes sobre la asignación de recursos en proyectos de gran envergadura versus la atención a emergencias y necesidades inmediatas de la población. De ahí que sea comprensible la frustración y preocupación de los afectados. La asignación de recursos en un país es un tema complejo y a menudo polémico.

Mientras que proyectos de infraestructura como el del Tren Maya, pueden tener supuestos impactos económicos y de desarrollo a largo plazo, se descuidan las necesidades inmediatas y urgentes de la población, especialmente después de desastres naturales. La reconstrucción es vital no solo para la recuperación física de las áreas afectadas, sino también para la recuperación emocional y psicológica de los damnificados . Las autoridades deben entender que la falta de vivienda y la incertidumbre prolongada pueden tener efectos duraderos en la salud y el bienestar de las comunidades.

César Cravioto Romero, actual Senador de Morena y anterior encargado de la Comisión para la Reconstrucción, había prometido que para el primer semestre de 2022 se concluirían todas las obras. Sin embargo, a la fecha, aún hay edificios pendientes de intervención y muchos damnificados aún esperan soluciones. La designación de Jabnely Maldonado Meza como relevo de Cravioto en julio de 2021, no ha logrado cambiar la percepción de inacción y falta de transparencia y a pesar de sus promesas de garantizar viviendas dignas y seguras para las familias afectadas, la realidad es que muchos aún esperan una solución. La expropiación de inmuebles que enfrentan problemas jurídicos es otra preocupación. Aunque se planea crear espacios recreativos en estos lugares, la realidad es que muchas familias han perdido sus hogares de forma permanente.

El jefe de gobierno Martí Batres –en un intento por desmentir las acusaciones–, ha rechazado la existencia de subejercicio en los recursos destinados a la reconstrucción y aseguró recientemente que el 90 por ciento de los inmuebles afectados ya fueron entregados o están en proceso de obra. Sin embargo, la realidad en las calles dice otra cosa y la confianza en las autoridades se ve socavada por las constantes contradicciones y la falta de claridad en la gestión de los recursos. La tragedia del 19S no es solo un evento del pasado; es una herida abierta que sigue afectando a miles de mexicanos que esperan justicia y soluciones concretas; deben entender que el sismo de 2017 no solo dejó edificios en ruinas, sino también vidas destrozadas.

Familias enteras perdieron sus hogares, sus pertenencias y, en muchos casos, a seres queridos. La promesa de reconstrucción fue un rayo de esperanza, una señal de que no estaban solas y de que su ciudad se levantaría de nuevo. Sin embargo, la realidad ha sido diferente. Edificios que una vez fueron hogares siguen en ruinas, y las familias que los habitaban continúan en espera de una solución, y la falta de transparencia y claridad en el uso de los fondos destinados a la reconstrucción ha sido una constante. Informes indican que no es posible saber si los recursos no aprovechados cada año se mantienen en la bolsa o tienen otro destino. Esta situación ha llevado a expertos, como Naxhelli Ruiz, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, a señalar problemas en la planeación de obras para la reconstrucción.

Si bien es cierto que proyectos de infraestructura pueden tener impactos económicos y de desarrollo a largo plazo, es esencial no descuidar las necesidades inmediatas y urgentes de la población y hemos visto que la reconstrucción no es solo una cuestión de infraestructura, sino también de justicia social. Es una respuesta a las miles de personas que vieron sus vidas trastocadas por un evento natural y que confiaron en sus líderes para encontrar una solución. El sismo de 2017 dejó una herida abierta en el corazón de la Ciudad de México. Las familias damnificadas merecen más que promesas; merecen acciones concretas que les permitan recuperar sus vidas. No podemos permitir que la reconstrucción quede en el olvido mientras se priorizan otros proyectos.

Las cifras no mienten, y es evidente que la atención a los damnificados no ha sido la prioridad que debería ser. Las promesas vacías y la falta de acción concreta son una traición a la confianza que la ciudadanía depositó en sus líderes. La tragedia del 2017 no fue sólo el sismo, sino la indiferencia y la negligencia con la que se ha tratado a los damnificados. Es inaceptable que, mientras se destinan recursos a proyectos faraónicos, miles de ciudadanos sigan esperando una solución. La Ciudad de México merece líderes que entiendan que la verdadera grandeza de un país o una ciudad no se mide por sus trenes o refinerías, sino por cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables. Es hora de que las autoridades de la Ciudad de México rindan cuentas y prioricen a las personas sobre los proyectos.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM