El acoso contra los docentes: una violencia que también debe tener consecuencias

Columnas miércoles 14 de octubre de 2026 -

Quisiera dejar de escribir sobre este tema, en serio, de corazón lo ansio, pero dicen que lo que no se dice, no existe y mientras haya una maestra, un maestro, un integrante del personal de apoyo y asistencia a la educación violentado, seguiré escribiendo sobre este tema, porque es la forma en que yo puedo alzar la voz para decir: ¡Alto a la violencia contra las y los trabajadores de la educación!.

Y es que en las escuelas existe una realidad que pocas veces ocupa un lugar en la discusión pública: el acoso que algunas madres, padres de familia y cuidadores ejercen contra las y los docentes mediante amenazas, intimidaciones, descalificaciones, hostigamiento en redes sociales e incluso agresiones físicas.

Una diferencia por una calificación, una medida disciplinaria o una decisión pedagógica puede convertirse en motivo de confrontación. Lo preocupante es que estas conductas lleguen a considerarse parte de las dificultades habituales de la profesión docente, cuando en realidad pueden constituir formas de violencia que requieren atención institucional.

Las familias tienen derecho a participar en la educación de sus hijos, solicitar explicaciones y denunciar irregularidades. Sin embargo, ninguna inconformidad justifica vulnerar la dignidad, la integridad o la seguridad de quienes trabajan en las escuelas.

El caso conocido en redes sociales como “Lady Croquis”, ocurrido en Veracruz, puso en evidencia las tensiones que pueden surgir entre las familias y el personal docente. Lo que comenzó como una inconformidad de una madre de familia por una tarea escolar, en la que se solicitaba elaborar un croquis del trayecto de casa a la escuela, terminó convirtiéndose en una controversia pública que expuso al maestro a cuestionamientos y señalamientos difundidos en redes sociales.

Este episodio permite reflexionar sobre la vulnerabilidad del personal educativo frente a conflictos que trascienden las aulas y sobre la necesidad de contar con mecanismos institucionales que atiendan las inconformidades, investiguen cualquier denuncia y protejan los derechos de todas las personas involucradas, sin permitir que la exposición pública sustituya a los procedimientos legales.

Ya que, las consecuencias de estas agresiones van más allá del ámbito laboral, el hostigamiento puede provocar estrés, ansiedad, alteraciones del sueño, agotamiento emocional y temor a nuevas confrontaciones, incluso puede condicionar las decisiones profesionales de quienes, por miedo a represalias, evitan intervenir ante situaciones que requieren su autoridad pedagógica.

Resulta contradictorio exigir a las y los maestros estabilidad emocional, empatía y capacidad para resolver conflictos, mientras se minimizan las condiciones que afectan su propio bienestar.

Esto no significa limitar el derecho de las familias a presentar quejas ni eximir a los docentes de sus responsabilidades. Significa establecer una diferencia clara entre exigir legítimamente el cumplimiento de la participación de madres y padres de familia en el proceso educativo y recurrir a la violencia por una aberración.

Las familias y las escuelas comparten la responsabilidad de educar, pero esa corresponsabilidad solamente puede construirse desde el respeto, el reconocimiento de las funciones de cada parte y la solución pacífica de las diferencias.

Por lo tanto, lo que necesitamos como sociedad es entender que la violencia contra las y los docentes no puede seguir normalizándose ni resolverse únicamente mediante acuerdos informales que dejan a las víctimas sin protección.

Se necesitan reglas claras, autoridades que actúen y consecuencias legales proporcionales para quienes cometan agresiones (ya abordé el tema la semana pasada con la iniciativa del Senador y Mtro. Alfonso Cepeda Salas y del Dip. Rigoberto Vargas Cervantes, entre otros).

Porque no podemos exigir que en las escuelas se formen generaciones capaces de rechazar la violencia, mientras permitimos que quienes tienen la responsabilidad de educarlas sean víctimas de ella.

Dra. Rosalía Zeferino Salgado

Asesora en Comunicación Estratégica e Imagen Pública

Integrante de la Red de Mujeres por la Educación (MUXED)