Precariedad de la salud pública

Columnas martes 13 de octubre de 2026 -

Hay que remontarse varias décadas para encontrar un escenario semejante al que hoy enfrenta el sistema público de salud en México. Un sector que no suele protagonizar movilizaciones masivas ha salido a las calles para exigir cambios de fondo en la gestión de los servicios sanitarios.

Tan sólo en los últimos treinta días se han registrado más de cien movilizaciones en prácticamente todo el país. Personal médico, de enfermería, administrativo y de trabajo social reclama insumos básicos, salarios que no pierdan poder adquisitivo y condiciones laborales libres de acoso y violencia. En síntesis, exige algo elemental: trabajar con dignidad y seguridad.

La situación es particularmente preocupante para las mujeres del sector, ante los casos de acoso sexual y violencia, incluidos asesinatos, que se han denunciado en el ámbito laboral. También comienza a cuestionarse una práctica arraigada en la formación médica: normalizar el maltrato a residentes bajo el argumento de que forma parte del aprendizaje. La vocación de servicio no debe convertirse en pretexto para tolerar abusos, jornadas excesivas o condiciones indignas, menos aún cuando las perspectivas de estabilidad laboral y pensiones suficientes tampoco están garantizadas.

En el funcionamiento cotidiano de los servicios también hay señales de desorden. Especialistas del sector advierten que pueden coexistir medicamentos altamente especializados con faltantes de miles de unidades de fármacos del cuadro básico. La disponibilidad de tratamientos, la organización de las compras y la distribución de insumos deberían responder a las necesidades de los pacientes, no a las deficiencias administrativas.

La universalización de los servicios de salud, prevista para ampliar la atención a personas con o sin afiliación al IMSS o al ISSSTE, responde a una necesidad legítima. Sin embargo, ampliar el acceso sin fortalecer previamente la infraestructura, el personal y el financiamiento puede agravar la saturación existente. El derecho a la salud no se garantiza únicamente con ampliar la cobertura en el papel; requiere capacidad real para atender a las personas.

La gira de la Presidenta para evaluar el desempeño del IMSS-Bienestar en las entidades federativas puede ser una oportunidad para identificar carencias y corregir fallas. Pero la supervisión debe traducirse en decisiones, presupuestos y resultados medibles. La dimensión de las protestas evidencia que las respuestas institucionales no han sido suficientes.

Todos quisiéramos un sistema de salud universal y de calidad, como los que suelen asociarse con los países escandinavos. Pero esos servicios requieren recursos, instituciones eficaces y una planeación sostenida. La recaudación pública enfrenta límites y las necesidades compiten por un presupuesto finito. Reconocerlo no significa renunciar a la universalidad, sino asumir seriamente su costo.

México necesita revisar las prioridades presupuestarias, mejorar las compras públicas, fortalecer la supervisión y garantizar condiciones laborales dignas para quienes sostienen el sistema. La universalidad no puede ser sólo una promesa de acceso: debe traducirse en medicamentos disponibles, personal suficiente y atención oportuna. Porque un derecho que no puede ejercerse termina siendo, para quien lo necesita, una promesa incumplida.