Desahucios y latifundios

Columnas lunes 12 de octubre de 2026 -

A quienes sacan de sus casas no son despojos humanos sino seres que sienten y viven, algunos se quedan en la calle todos pierden su historia; en México los desahucios no son ajenos, todos los días suceden.

La ley de rentas debe ser regulada con humanismo, su contraparte debe ser adaptada a la realidad. Quienes rentan viviendas, regularmente no desalojan porque haya mucho tiempo sin pagar la renta o irregularidades en su conducta sino porque quieren el espacio para expandir ganancias, de ahí que debe haber una indemnización.

Hay dueños de viviendas que tienen monopolizadas colonias enteras en la Ciudad de México, cuentan con un equipo de contadores dedicados tratar de pagar la menor cantidad de impuestos posible.

Una de las primeras inversiones que desde el término de la revolución realizaron los funcionarios públicos fue la de comprar casas, terrenos y construir edificios o comprar que les dieran dinero sin trabajar y la renta de vivienda era una inversión segura, sin riesgos. Es decir, totalmente improductivos y obtienen dinero sin trabajar.

Esta complicidad entre funcionarios públicos y leyes inmobiliarias otorgó impunidad total a los propietarios produciendo pleitos donde la ley favorece al que más tiene, no se ha reformado lo suficiente para hacer equitativa la norma.

La desigualdad empieza desde el momento mismo de la selección de los inquilinos, desde una visión clasista. Luego, condiciones excesivas de los latifundistas urbanos se imponen sobre los de las personas, y llegan a obligar afirmas cláusulas no sólo ilegales sino leoninas.

Entre esas condiciones está el hecho de que sean los hijos quienes paguen las deudas de renta en caso de fallecer los padres, o que puedan desalojar sus viviendas sin previo aviso, o que no haya niños, si así lo requiere el propietario.

Lo sucedido en España con la muerte de la anciana Maricamen Abascal de 87 años, luego de ser desalojada para construir negocios, es una advertencia para las autoridades de todo el país, porque las actuales leyes de arrendamiento se convierten en un tractivo no sólo para voraces renteros mexicanos sino para movimientos expansionistas extranjeros.

Los judíos están ávidos de adquirir espacios, terrenos, territorio y hasta países si es necesario, lo hemos visto en Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, empezamos a verlo en Chihuahua, Querétaro y Guanajuato.

La regulación actualizada de esta relación perversa donde pierde el que menos tiene debe armonizar con el proyecto de primero los pobres, en primer lugar los renteros deben pagar no sólo lo que deben sino de acuerdo a la cantidad de propiedades que posean, y luego corregir con severidad y justicia los contratos de arrendamiento que parecieran un acta de épocas de la esclavitud en favor de quienes más tienen, como sucedía antes de la tercera transformación, es decir, de la Revolución Mexicana.