Primero la cúpula, luego los derechos

Columnas lunes 12 de octubre de 2026 -

Durante el periodo 2018-2026 hemos reformado el Poder Judicial una y otra vez sin fortalecer la justicia. El Poder Reformador ha metido mano a la Constitución para reconfigurar el modelo de integración de los tribunales y órganos administrativos, pero ha abandonado la promesa de acceso a la justicia que contiene el artículo 17 constitucional. Reformamos el poder sin descanso y abandonamos lo esencial, y en esa contradicción cabe entero el signo de estos años.

La escena de hace unos días de la reunión de la cúpula del PJF -SCJN, OAJ, TD y TEPJF- con la Consejería Jurídica para entregarle nueva reforma, no hace más que confirmar la línea que cursamos sobre lo que los actores públicos del momento tienen en mente como prioridad para hacer una realidad el acceso a la justicia. Basta repasar sus elementos para advertir que todos son orgánicos: un pleno de órganos superiores para coordinarse, secciones en la Corte, facultades de administración y presupuesto, la reasignación de su personal, una unidad de investigación disciplinaria y reglas para la elección judicial de 2028; nada de ello mira a quien reclama justicia, todo gravita hacia el poder.

Lo sustantivo, en cambio, que es lo que de verdad reclaman las personas, sigue esperando. No hemos depurado ni fortalecido a nuestras fiscalías, de las que depende que un delito se investigue con seriedad antes de que el caso llegue a un juez; no hemos dignificado las condiciones del personal judicial ni de los cuerpos periciales, de cuya labor cotidiana pende la calidad de cada sentencia y tampoco hemos creado los órganos jurisdiccionales suficientes para que la justicia pronta y expedita deje de ser promesa escrita y llegue a quien menos puede soportar la demora.

Capítulo aparte merece el amparo, porque ahí hemos presenciado un inverosímil retroceso. El amparo mexicano nació para hacer valer la supremacía de la Constitución frente al acto de autoridad y tutelar los derechos humanos, pero varias de sus reformas recientes, como estrechar la suspensión y angostar el interés legítimo, entre otros, lo han convertido en escudo del poder frente a la persona, en lugar de ser un instrumento potente que a las personaslograr sus proyectos de vida. He ahí la inversión de la ecuación, un amparo que tutela a la autoridad y levanta muros a las personas.

Lo he dicho en estas páginas de Contraréplica en otros momentos y lo ratifico ahora, en materia de acceso a la justicia el movimiento de la 4T ha optado por impulsar muchas reformas para la burocracia y la concentración del poder y poca justicia para la sociedad, y eso, convengamos, no es exactamente democrático. Una reforma a la altura de su nombre pondría al centro a las fiscalías, a los órganos que faltan, al amparo efectivo y a tantos otros pendientes de décadas, y se mediría por la pacificación estructural de los conflictos y la restauración de los derechos fundamentales violados, y no por el perfeccionamiento de las cúpulas del poder.

Obiter dicta.

La justicia pronta, completa e imparcial que prometió la Constitución de 1917 no se edifica desde la cúpula hacia la gente, sino desde la gente hacia la cúpula, y mientras el orden siga siendo primero la cúpula y luego, si acaso, los derechos, la ecuación seguirá invertida y la promesa, al parecer, podrá esperar todavía otro siglo.