Los derechos humanos ante la crisis

Columnas miércoles 14 de octubre de 2026 -

Seguro, a nadie le complace la noticia de haber intercambiado delincuentes por agentes de seguridad pública retenidos en medio de un operativo policial. A simple vista, esta acción sería una transgresión al Estado de derecho; pero hay que mirar con profundidad el contexto de los hechos.

¿Qué debe hacer el Estado cuando mantener una captura puede desencadenar una tragedia?, quizá esta idea sea un primer acierto al mando único y a la colaboración de los tres niveles de gobierno, sin que esto signifique renunciar a la justicia.

Liberar a José David Vergara, alias El Güero Gym, tras haber sido detenido en Totolapan, Morelos, desató -- el lunes-- hechos de violencia en esta zona del país; el mismo titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, lo explicó desde el atril presidencial.

Detalló que personal de la Procuraduría de Justicia de Morelos se dirigía a cumplir un mandato judicial cuando intervinieron en contra de El Güero Gym en medio de un hecho ilícito en flagrancia; durante el paso de las horas se realizaron actos vandálicos en contra de la población y, a la par, retuvieron a tres servidores públicos que usaron para intercambiar a Vergara.

García Harfuch descartó que el operativo policial estuviera planeado para capturar al delincuente y que el despliegue era insuficiente, por lo que se priorizó salvar la vida de los funcionarios retenidos y proteger a la población civil, con la promesa de volver a detener al delincuente en un mejor momento.

En este sentido, es prudente reflexionar sobre los alcances del artículo 1.º constitucional, que obliga a las autoridades a proteger y garantizar los derechos humanos, así como prevenir e investigar sus violaciones. Además, el artículo 4 de la Convención Americana protege la vida y prohíbe privaciones arbitrarias. Esta obligación alcanza a civiles, policías y personas detenidas.

Por si fuera poco, la Observación general 36 de la ONU establece que el Estado debe tomar medidas razonables frente a amenazas previsibles contra la vida, incluso si provienen de grupos criminales. Además, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza exige legalidad, necesidad, prevención y proporcionalidad. Estos principios obligan a evaluar riesgos y reducir daños. La decisión debió reflexionarse con las alternativas disponibles, que, seguro, incluyó a la mandataria Claudia Sheinbaum y a la gobernadora de la entidad, Margarita González Saravia.

Cómo olvidar el antecedente de Culiacán, en octubre de 2019, las autoridades suspendieron, por instrucción del entonces presidente López Obrador, la captura de Ovidio Guzmán ante una serie de enfrentamientos armados que amenazaban a la población. Pero “El ratón” fue detenido nuevamente en enero de 2023 y extraditado ese año a los Estados Unidos. Esta desición dejó lecciones sobre planeación y capacidad operativa, sin duda.

De esta forma, salvar vidas puede justificar una decisión de emergencia, pero no convertirse en fórmula de impunidad. La autoridad debe proteger durante la crisis y después investigar, detener conforme a derecho y rendir cuentas. Su fortaleza consiste en impedir muertes sin permitir que las amenazas sustituyan a la ley.

Por fortuna, hoy tenemos a tres servidores públicos con vida y a ninguna persona de la sociedad civil violentada. Ahora, es el turno de las autoridades para redoblar la inteligencia y someter, de nueva cuenta, a El Güero Gym, y, a sus compinches, que seguro deben estar aterrados al saber que ya no habrá tregua y que la fuerza del Estado sigue sus pasos de cerca.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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