El ajedrez de la incorporación de GN a SEDENA

Columnas miércoles 23 de junio de 2021 -

Josué Ángel González Torres

En la conferencia matutina del 15 de junio, el Ejecutivo señaló que impulsará una reforma constitucional en 2023 para que la GN se incorporé a la SEDENA. Este cambio representa modificaciones profundas al esquema de seguridad a nivel nacional, especialmente por lo que hace a las instituciones involucradas. Con la información disponible al día de hoy, es posible hacer un ejercicio preliminar sobre las implicaciones para los principales actores.

Antes que nada, la adhesión de GN a SEDENA tendrá que pasar por el Congreso de la Unión, lo cual será por sí mismo una tarea difícil. Se tendrán que realizar reformas a diversos artículos constitucionales, particularmente al 21, el cual señala que GN será de carácter civil y que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública. Asimismo, se requerirán adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reglamentos de las secretarías y otras disposiciones legales.

Más allá de estos ajustes normativos, es importante destacar los saldos para los actores implicados. ¿Quién gana con el cambio de adscripción de la GN? Sin duda, SEDENA por la capacidad operativa que adquiere y con ello, presupuesto, ampliación del personal e injerencia profunda (y ahora completamente legal) en la seguridad pública. Si bien de facto ya tenía el control operativo de GN desde 2020, ahora no tendrá que negociar con la Secretaría de Seguridad las decisiones fundamentales y evitará el desgaste de la institución por el despliegue en campo.

¿Quién pierde? La principal institución afectada es la Secretaría de Seguridad federal. Si bien continúa con el control de la inteligencia civil, centros penitenciarios federales, protección civil y coordinación con estados y municipios, entre otras actividades, pierde la capacidad de acción en el combate al crimen organizado que es su principal tarea y razón de ser. Una de las máximas en seguridad es que una institución que carece de poder punitivo, queda reducida a una entidad meramente administrativa. Perdería capacidad de decisión en el desarrollo de acciones en campo, en estrategias para contrarrestar delitos y en la persecución de criminales; también perdería gran parte de su presupuesto, lo cual tiene otra serie de implicaciones.

¿Qué representa para la administración actual? Significa dar un vuelco de 180 grados en el ámbito discursivo y de política de seguridad. Durante la campaña presidencial, el partido en el gobierno propuso como bandera regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y construir una Guardia Nacional de naturaleza eminentemente civil. Ahora, se tendrá a las Fuerzas Armadas no sólo desplegadas en todo el país, sino que los mandos serán militares y con posibilidades muy remotas que los viejos cuadros (civiles) de la extinta Policía Federal aspiren a tomar el mando en alguna de las más de 250 regiones de GN.

¿Cuáles son las posturas al respecto? Evidentemente existen posiciones tanto a favor como en contra. A favor se expresó el ex Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien estuvo estructuralmente al mando de GN y quien señaló que “no hay liderazgo civil que tenga la capacidad para conducir una organización que su base está formada por ex militares y ex marinos”. Añadió que se necesitarían al menos 250 mandos de grado coronel para liderar las regiones de GN y que la única manera de conseguirlos es a través de SEDENA.

Por su parte, la oposición política ha señalado que la actual administración cristalizará la tarea inacabada de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que consistía en legalizar el despliegue de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. Además, han remarcado el posible aumento en la violación de Derechos Humanos.

Desde una lectura realista, es un hecho que los retos en materia de seguridad en México han rebasado el ámbito de acción de las policías y, por más de una década, las Fuerzas Armadas han sido las únicas capaces de hacer frente al crimen organizado. Desde una lectura ideal, implica un retroceso en términos de la capacidad de las instituciones civiles para liderar la seguridad. Más aún, la única dependencia de este tipo que podía medianamente combatir al crimen organizado a nivel nacional que era Policía Federal, fue desmantelada.