Por Israel González Delgado
Es escalofriante escuchar las declaraciones de los distintos grupos políticos, a raíz de los apagones ocurridos en varios estados del país. La causa ya está esclarecida, a nivel técnico: las bajas temperaturas en Estados Unidos congelaron unos gasoductos, que a su vez interrumpieron el suministro de combustible a México. Lo malo es que, para lucrar con la contingencia, esa razonable explicación no sirve para nada, pues necesitamos una narrativa que admita culpables, incompetentes, responsables de carne y hueso a quien echarles la culpa por la comida que se nos echó a perder dentro del refrigerador.
En ese sentido, tanto el gobierno federal como sus adversarios están tratando de dotar de significado al hecho, y le atribuyen explicaciones a la medida. La oposición dice que es una “prueba” irrefutable de que la iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica es un desacierto, y que, si con intervención de los particulares hay apagones, cuando la empresa estatal “monopolice” el mercado energético, habrá el doble. Por si fuera poco, abre la puerta a una nacionalización. El presidente ha dicho que es una prueba igualmente contundente de que México debe ser autosuficiente, porque el problema real es que el gas viene de Estados Unidos. Lo malo es que ni la citada reforma pretende que la CFE monopolice la generación ni la comercialización de la luz, ni está claro cómo aprobarla nos haría más independientes del gas que viene de Texas.
Lo que pretende la reforma es bastante modesto; que la propia energía que genera la CFE, primero suministre a sus instalaciones distribuidoras y luego a los particulares, es un orden de prelación. En un segundo plano, que la CFE deje de subsidiar gratuitamente o a precios por debajo del mercado a los particulares que generan, mientras no generan. No suena ni revolucionario, y mucho menos nacionalizador; de hecho el lenguaje y los presupuestos son bastante neoliberales. Que la Comisión, que no deja de ser una empresa, no venda energía por debajo del mercado a quien la va a revender; que si la CFE es responsable del suministro de luz a una enorme mayoría de la gente, primero se surta ella. De hecho, poder venderle a competidores a precio de mercado, implica que necesito que existan, así que no cuadra con el discurso expropiatorio.
Habría que prestar atención al camino que siga la instrumentación de la reforma cuando sea aprobada, pues hasta ahora el presidente AMLO se ha mostrado reacio a introducir demasiados cambios a la constitución. Si lo que quiere es que los particulares y los órganos reguladores estén alineados con la política energética de la 4T (cualquiera que sea, porque vaya que ha cambiado), su administración tiene la legitimidad popular suficiente, y los votos en coalición necesarios para cambiar la carta magna. ¿Por qué no lo hace? ¿Querrá una nueva, suya, como legado final de su gobierno? Eso explicaría por qué no quiere introducir cambios graduales. Pero convocar a un Congreso Constituyente nos metería en otros problemas, y el horno no está para bollos.