El derecho a decidir, incluso al final

Columnas miércoles 01 de abril de 2026 -

Ivonne Arriaga García

Asesora en comunicación política con enfoque en narrativa gubernamental

La historia reciente de una joven en España volvió a colocar en el centro de la conversación un tema que incomoda, divide y exige ser abordado con seriedad: la eutanasia. Tenía 25 años y, tras haber sido víctima de una violación grupal, enfrentó una depresión profunda que derivó en un intento de suicidio al arrojarse desde un quinto piso. Sobrevivió, pero con secuelas físicas irreversibles. En ese contexto, solicitó acceder a la eutanasia.

Tras una batalla legal de casi dos años —marcada incluso por la oposición de su padre—, el caso fue evaluado bajo la legislación española y finalmente autorizado. La discusión trascendió lo jurídico: abrió un debate global sobre los límites del sufrimiento, el papel del Estado y el derecho individual a decidir.

México no está ajeno a esa conversación. El caso de Samara Martínez lo evidencia con claridad. A sus 30 años, vive con varias enfermedades, una de ellas en etapa terminal. Tras dos intentos fallidos de trasplante, convirtió su condición en una causa pública: impulsar la eutanasia en México a través de la llamada Ley Trasciende. Su propuesta ha reunido el respaldo de más de 128 mil firmas ciudadanas.

La diferencia legal es clara: en México la eutanasia no está permitida, aunque sí existen figuras como la voluntad anticipada. Pero el dilema de fondo es el mismo. ¿Debe el Estado intervenir en una decisión íntima cuando el sufrimiento es irreversible?

No es la primera vez que el país enfrenta un debate incómodo. La interrupción legal del embarazo siguió una ruta similar: años de polarización hasta que la realidad obligó a legislar. Hoy, la Ciudad de México es referente, más allá de las posturas personales.

De cara a la renovación de 17 gubernaturas en 2027, estos temas no pueden seguir fuera de la conversación pública. Quienes aspiran a gobernar tendrán que definir posturas, presentar propuestas y asumir el costo de entrarle a un debate que ha sido sistemáticamente evitado. No se trata de fijar posiciones inmediatas, sino de reconocer que la agenda pública también está hecha de dilemas complejos.

Porque, al final, hablar de eutanasia no es solo hablar de muerte, sino de los límites de la dignidad, de la autonomía y de la capacidad de una sociedad para acompañar decisiones que no siempre son cómodas, pero sí profundamente humanas.