El espejismo de los otros datos: la fragilidad fiscal detrás de México

Columnas lunes 01 de junio de 2026 -

Durante las últimas semanas, la administración pública federal ha recurrido a una narrativa de triunfalismo económico sustentada en la presentación selectiva de indicadores. Se ha celebrado un menú de cifras que incluye inversión extranjera directa de 23 mil 591 millones de dólares en el primer trimestre, exportaciones récord y desempleo del 2.5%, alegando pleno empleo. Sin embargo, para los analistas, esta presentación constituye una lectura imprecisa de la realidad. El optimismo oficial pasa por alto que estos indicadores no resuelven las profundas debilidades estructurales en sostenibilidad fiscal y precarización laboral. Esta desconexión explica por qué la administración no convence a las calificadoras internacionales, que evalúan la solvencia basándose en datos de largo plazo.

La desconfianza de los mercados se tradujo en acciones concretas en mayo de 2026, demostrando que las calificadoras no comparten el diagnóstico presidencial. Standard & Poor's modificó la perspectiva de México a negativa por el rápido aumento de la deuda pública debido a un alto déficit y bajo crecimiento. Moody's Ratings recortó la calificación soberana del país de Baa2 a Baa3, dejándolo a un peldaño de perder el grado de inversión. Para Moody's, el debilitamiento persistente de la solidez fiscal es una tendencia acelerada desde 2024 que difícilmente se revertirá bajo las políticas actuales. El argumento central de los evaluadores es contundente: el gobierno sobreestima la capacidad de expansión de la economía, proyectando tasas que chocan con los pronósticos reales que sitúan el PIB por debajo de 1.0% para este año y en 1.3% para el siguiente.

Una de las imprecisiones más evidentes radica en la supuesta consolidación fiscal presumida por el gobierno, que afirma que el déficit disminuyó en 1.5% del PIB. Sin embargo, la realidad muestra que en 2025 el déficit fiscal cerró en 4.9% del PIB, una cifra significativamente mayor al 3.9% aprobado originalmente. Aunque Hacienda proyecta reducir la brecha a 4.1% en 2026 y a 3.5% para 2027, los analistas dudan de que se alcancen estas metas en plena desaceleración económica, considerando que en 2025 el PIB apenas creció 0.6%. La incapacidad para cumplir con sus propios objetivos alimenta la percepción de que las finanzas públicas están bajo una presión severa, elevando el costo de financiamiento para toda la economía.

La tasa de desempleo de 2.5%, presumida como un logro histórico del modelo económico, constituye el dato más engañoso de la discusión pública. En un país sin un seguro de desempleo formal, la desocupación baja es un indicador irrelevante para medir la salud del mercado laboral, ya que la población debe aceptar cualquier actividad para generar ingresos. De acuerdo con el INEGI en abril de 2026, mientras que el desempleo se mantuvo bajo, la tasa de informalidad laboral repuntó al 55.2%. El verdadero motor de la ocupación no ha sido la creación de puestos formales con seguridad social, sino la proliferación de actividades informales y precarias que carecen de prestaciones de ley.

Este crecimiento desmedido de la informalidad representa un obstáculo insalvable para la estabilidad fiscal del país. Existe una relación directa entre el tamaño de la economía informal y la debilidad de los ingresos públicos. Mientras que las naciones avanzadas con tasas de informalidad inferiores al 4% recaudan más del 40% de su PIB en impuestos, en México la recaudación fiscal total apenas alcanza el 15.2% del PIB. A pesar de los esfuerzos de fiscalización digital, estas medidas se limitan a exprimir a la misma base cautiva de contribuyentes formales. Al no generarse empleos formales que amplíen orgánicamente el padrón tributario, el Estado enfrenta un cuello de botella donde las necesidades de gasto crecen mientras los ingresos recurrentes permanecen estancados.

La persistencia de la informalidad genera además una contradicción estructural muy preocupante dentro del sistema fiscal. Diversos estudios revelan que aproximadamente 1.7 millones de trabajadores informales —muchos bajo esquemas de servicios profesionales o asimilados a salarios en empresas o en el propio gobierno— pagan Impuesto sobre la Renta mediante retenciones obligatorias, pero carecen de seguridad social, vacaciones o aguinaldo. Este fenómeno de tributación sin derechos evidencia que el Estado se beneficia de sus aportaciones al erario sin cumplir con la garantía de darles acceso a la salud en el IMSS. Esta injusticia desincentiva la formalización voluntaria y condena a millones de personas a la desprotección total ante accidentes o la vejez, limitando la productividad general de la economía.

La falta de empleos formales presiona también el gasto público debido a la creciente necesidad de financiar transferencias sociales directas. Al no cotizar la mayoría de los trabajadores en el sistema de seguridad social, la administración federal ha tenido que crear pensiones no contributivas, como la Pensión del Bienestar, financiadas con recursos del presupuesto general del Estado para mitigar la pobreza en la vejez. Al financiarse estos programas con impuestos generales en lugar de contribuciones de la seguridad social laboral, se genera una carga fiscal gigantesca. Sostener este nivel de gasto sin una reforma fiscal integral ha forzado al gobierno a recortar recursos en salud y educación, comprometiendo gravemente la productividad y el crecimiento económico potencial en el largo plazo.

Al final, la brecha entre los comunicados triunfalistas y la realidad económica es demasiado amplia para ocultarse con retórica. Los "otros datos" que la administración pública utiliza para defender su gestión pueden servir para el debate cotidiano, pero fracasan ante el análisis cuantitativo de las agencias calificadoras que evalúan la solvencia nacional. Si México quiere evitar una degradación crediticia que dispare los costos de financiamiento, es urgente diseñar una estrategia de formalización laboral. Esta política debe simplificar el cumplimiento tributario, reducir costos de contratación formal y transitar hacia una seguridad social universal no condicionada al estatus laboral de los ciudadanos. Seguir ignorando el problema de la informalidad bajo el cobijo de cifras selectivas no es solo un error de diagnóstico, sino un riesgo latente para la estabilidad nacional.