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El espiral cíclico de la violencia política - electoral

El espiral cíclico de la violencia política - electoral

Columnas miércoles 02 de junio de 2021 -

Josué Ángel González Torres

El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones más grandes de la historia de México, donde se elegirán 19,915 cargos de elección popular, incluyendo gubernaturas, diputaciones federales, congresistas locales, presidencias municipales y sindicaturas, entre otros cargos. No obstante, este proceso también ha sido uno de los más violentos que se hayan registrado, por lo que es necesario analizarlo y establecer medidas para romper esta dinámica cíclica.

De septiembre de 2020 a finales de mayo de 2021, de acuerdo con la consultora Etellekt, suman 476 agresiones en contra de políticos y candidatos, entre amenazas, homicidios, robos, atentados, secuestros, ataques contra colaboradores etc. Han perdido la vida 35 aspirantes y candidatos a diferentes puestos de elección y prácticamente la totalidad de estos hechos han quedado impunes, esto es, que los autores intelectuales o materiales no han sido aprehendidos ni llevados ante la justicia.

No se puede sugerir a priori que la totalidad de las agresiones estén relacionadas con grupos delictivos. Las razones pueden ser diversas, desde intereses de partidos políticos opositores que quieren ganar espacios, violencia de género, o incluso competencia económica dado que muchos candidatos son empresarios en sus localidades. Los agresores buscarían encubrir los hechos y vincularlos con actividades de grupos criminales, sin que necesariamente sea así.

Dejando estas posibilidades atrás y asumiendo que la mayor parte de los eventos efectivamente están vinculados con organizaciones delictivas ¿Cuáles serían las implicaciones profundas de la violencia política en el marco de las elecciones 2021?

Primero, una influencia creciente del crimen a nivel local. Esto implicaría el fortalecimiento de los grupos al tener acceso al poder político y a los recursos de los gobiernos municipales y/o estatales. Lo cual podría establecer zonas grises entre la legalidad y la ilegalidad en el ejercicio de la función pública. En México, no son nuevas las experiencias de este tipo, basta recordar el caso de Édgar Veytia, ex Fiscal de Nayarit, quien estaba involucrado con el CJNG y le permitió ingresar al estado. Hacia el futuro pueden aumentar las experiencias de este tipo por la estrategia de influencia territorial política de las asociaciones delictivas.

Segundo, es necesario analizar las implicaciones de los actos de violencia por cada caso. Se insiste que cada hecho tiene una naturaleza distinta y por tanto tiene móviles distintos. Una vez pasadas las elecciones será necesario hacer trabajo de inteligencia para determinar los posibles lazos de conexión entre los políticos electos y la delincuencia organizada. Lo que queda claro una vez más es que el municipio sigue siendo el eslabón más débil y más influenciable.

Tercero, los mecanismos establecidos por el Estado mexicano para la protección de los candidatos han sido a todas luces un fracaso. Cada que se realizan elecciones en México, los atentados y la violencia son recurrentes y cumplen un ciclo con características similares. Por tanto, hacia el futuro es necesario desarrollar metodologías de riesgo político-electoral que integren diversos componentes, como delitos de alto impacto (extorsión, secuestros, homicidios), presencia del crimen organizado, delitos electorales denunciados ante la FEPADE, históricos de violencia política, amenazas, nivel de alternancia y oposición partidista. Es claro que existe una imposibilidad material de contar con elementos federales (GN, SEMAR, SEDENA) para cuidar a cada uno de los candidatos, que es lo habitualmente se propone para resolver este tema.

Al final, los ataques y las muertes de aspirantes y candidatos son sólo la parte visible de un proceso de descomposición mucho más complejo. Nos referimos a eventos menos notorios como la sustitución de candidatos, personas que no quisieron participar en el proceso político por el nivel de exposición y la inhibición en la participación ciudadana en las elecciones y en la vida política. Lo que es más, este proceso puede derivar en ingobernabilidad, cooptación de los gobiernos locales y el establecimiento de condiciones para el desarrollo adecuado de la delincuencia.

En suma, las agrupaciones criminales influyen de cuatro formas concretas: 1) limpieza de candidatos que no cooperan, 2) cooptación violenta o consensuada de candidatos, 3) intimidación de votantes para apoyar a los perfiles más afines y 4) definición o influencia en las agendas de gobierno una vez que se han realizado las elecciones.

Como ha pasado en otros procesos electorales, es altamente probable que la importancia del tema se vaya desdibujando con el tiempo. En esta coyuntura, se publican en todos los medios de comunicación conteos de eventos violentos y homicidios y existe una relevancia política del tema, sin embargo, hay muy pocas propuestas de por medio en referencia a qué se debería hacer.

Seguramente en las elección de 2024 repetiremos los mismos argumentos, la misma trama y sucederán las mismas historias porque no se hizo nada serio al respecto, ni desde el gobierno ni desde la sociedad. Da la sensación que es un cuento de nunca acabar o, dicho en otras palabras, se trata ciclos repetitivos de violencia político – electoral que están lejos de llegar a su fin.


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