El Congreso mexicano se encuentra inmerso en un debate sobre la reducción de la jornada laboral, con varias propuestas en la mesa. Una de las iniciativas más destacadas proviene de la diputada Susana Prieto, la cual fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2023. Esta iniciativa busca modificar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reduciendo la jornada máxima de trabajo de 48 a 40 horas a la semana, con dos días de descanso.
A pesar de los intentos de algunos sectores de aprobar esta reforma rápidamente, las complejidades constitucionales han llevado a un proceso más democrático. Dada la naturaleza de la reforma constitucional, se requiere una mayoría calificada de las dos terceras partes de los individuos presentes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión en sesión de Pleno, y la ratificación por mayoría absoluta de las legislaturas de las entidades federativas. Esto ha llevado a un Parlamento Abierto programado para el 16 de octubre de 2023, donde se discutirán tanto las ventajas como las desventajas de la reducción de la jornada laboral.
Es importante tener en cuenta que no existe un consenso mundial sobre la duración de la jornada laboral. A nivel internacional, la norma general, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es una jornada de 48 horas a la semana. En América Latina, solo 13 de 33 países tienen jornadas menores a 48 horas. La OIT no tiene una posición definitiva al respecto, habiendo adoptado convenios que permiten jornadas de hasta 40 horas semanales, pero con una disminución progresiva, dependiendo de las circunstancias de cada país.
En este contexto, el ejercicio democrático se presenta como una oportunidad para que México evalúe cuidadosamente si reducir la jornada laboral es la decisión correcta. Factores como la competencia internacional, la salud mental de los trabajadores, el promedio mundial de la jornada laboral, la posible implementación por etapas y las condiciones económicas y geopolíticas actuales deben ser considerados antes de tomar una decisión que afectará a millones de trabajadores mexicanos.
El texto aquí