El regreso fallido de Rocha

Columnas martes 25 de agosto de 2026 -

El regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa fue anunciado por el propio mandatario a través de un video difundido en sus redes sociales. “Asumo nuevamente la responsabilidad de gobernar y trabajar por Sinaloa y su gente, como lo he hecho siempre, con el compromiso de sacar adelante a nuestro estado”, afirmó. Y remató: “Aquí estoy. Y vamos a seguir gobernando con firmeza y entrega por nuestra tierra, por Sinaloa”.

Sin embargo, su regreso duró poco. La decisión terminó por exhibir una de las principales contradicciones que el caso Rocha representa para Morena y para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Durante meses, desde la Presidencia se insistió en que no había pruebassuficientes para responsabilizar al gobernador y, por lo tanto, tampoco razones jurídicas para separarlo definitivamente del cargo. Bajo esa lógica, Rocha decidió regresar. El problema fue que aquello que jurídicamente se había defendido como posible terminó por convertirse, políticamente, en insostenible.

La reacción dentro de Morena permitió dimensionar el tamaño de la crisis. Diversas voces del movimiento se deslindaron de la decisión del gobernador y las críticas llegaron incluso desde personajes cercanos a la presidenta. Alfonso Ramírez Cuéllar volvió a cuestionar la figura del fuero, al considerarla una protección que puede favorecer la impunidad. Ricardo Monreal, por su parte, recomendó a Rocha reconsiderar su regreso y mantener la licencia mientras la Fiscalía General de la República concluye las investigaciones. Además, advirtió sobre el costo político que el episodio podía representar para el gobierno y para la propia imagen presidencial.

La presión terminó por alcanzar al gobernador. Claudia Sheinbaum expresó su posición a través de un mensaje en redes sociales: “Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”. Y agregó: “Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder”. El mensaje hizo políticamente inviable la permanencia de Rocha, quien nuevamente solicitó licencia.

La explicación presidencial fue que la investigación continúa y que, mientras no concluya, Rocha no debería retomar sus funciones. El argumento puede resultar razonable desde el punto de vista de la prudencia política, pero abre un problema todavía mayor: depositar en la investigación de la Fiscalía General de la República la expectativa de que finalmente se conocerá la verdad sobre el caso.

Y eso tampoco está garantizado. La existencia de una investigación abierta no significa necesariamente que se esclarecerán todos los hechos, se establecerán responsabilidades o se despejarán las dudas que rodean al gobernador. La FGR puede concluir que no existen elementos suficientes para proceder penalmente y, aun así, dejar abiertas preguntas fundamentales sobre lo ocurrido y sobre las posibles responsabilidades políticas. Una cosa es cerrar una carpeta de investigación y otra muy distinta esclarecer un caso.

Hasta ahora, la estrategia del gobierno parece haber sido administrar el caso, dejar que el tiempo redujera su costo político y apostar a que el tema terminara por diluirse. Mientras Rocha permaneciera con licencia, esa fórmula permitía evitar una definición de fondo. Pero su regreso alteró ese equilibrio. Obligó a Morena y, sobre todo, a la presidenta a fijar una posición que durante meses habían podido posponer. Y ahí quedó expuesta la contradicción: no había elementos jurídicos suficientes para exigir su salida, pero sí razones políticas suficientes para impedir su regreso.

A ello se suma otra contradicción. Frente a los señalamientos provenientes de Estados Unidos, una parte de la estrategia del oficialismo ha consistido en denunciar posibles actos de injerencia y defender la soberanía nacional. Se trata de una posición legítima cuando busca impedir que otro país determine unilateralmente responsabilidades dentro de México. Sin embargo, ese argumento solo puede sostenerse si las instituciones mexicanas son capaces de investigar con independencia, transparencia y credibilidad.

De lo contrario, se corre el riesgo de quedar atrapados entre dos extremos igualmente problemáticos: aceptar los señalamientos provenientes del extranjero como si constituyeran una sentencia o utilizar la defensa de la soberanía para evitar que las acusaciones sean investigadas hasta sus últimas consecuencias.

Al final, la mayor contradicción no está solamente en Rocha. Está en un movimiento que durante meses sostuvo que no había razones suficientes para apartarlo y que, cuando decidió regresar amparado precisamente en ese argumento, descubrió que sí existían razones políticas suficientes para pedirle que se fuera. Pero también está en depositar ahora la solución del problema en una investigación que, por el simple hecho de existir, no garantiza que algún día conozcamos toda la verdad.

Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC