Claudia Bolaños
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya entraron en vigor tres reformas orientadas a fortalecer la democracia en México, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se trata de dos modificaciones constitucionales y una legal que fueron aprobadas por mayoría calificada en el Congreso de la Unión y respaldadas por 25 congresos locales.
La consejera Jurídica, Luisa María Alcalde, explicó en la conferencia mañanera que la primera reforma se enfoca en la elección del Poder Judicial y establece cambios para facilitar la participación ciudadana.
Entre las modificaciones destaca el aplazamiento de la elección judicial a 2028, con el fin de no empatarla con el proceso electoral federal previsto para 2027. También se reduce el número de candidaturas, se simplifica el diseño de las boletas y se homologan los criterios de evaluación de los aspirantes, incluyendo la aplicación de exámenes de conocimientos. Además, se determinó que las elecciones judiciales se realicen en las mismas casillas que las ordinarias y que el conteo de votos se lleve a cabo en el lugar donde se emiten.
La segunda reforma introduce un mecanismo para verificar la integridad de las candidaturas. A través del Instituto Nacional Electoral, se creará una comisión que recibirá de manera voluntaria información de los partidos políticos sobre sus aspirantes, la cual será revisada por autoridades de tu seguridad, inteligencia y procuración de justicia. Estas instancias podrán emitir alertas sobre riesgos, sin detallar investigaciones, para que los partidos determinen si mantienen o no las postulaciones. El gobierno federal subrayó que el INE no investigará ni tomará decisiones, sino que fungirá como enlace institucional.
La tercera reforma establece como causal de nulidad de elecciones la intervención extranjera que influya en los resultados.
Recordó que la iniciativa fue impulsada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y plantea que serán los tribunales electorales los encargados de determinar si se acredita dicha injerencia y, en su caso, anular los comicios. Aunque la Constitución ya prohibía la intervención extranjera, la novedad radica en que ahora se establecen consecuencias directas.
Durante la presentación, el gobierno rechazó críticas de la oposición, que votó en contra de las reformas —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano—, y defendió que los cambios buscan fortalecer la participación ciudadana, blindar los procesos electorales y garantizar la soberanía nacional.