Energía garantizada, Sener; en riesgo 10 mil mdd en inversión, IP

El Acuerdo para la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitido por el Gobierno federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, atenta contra la certeza jurídica y libre competencia del sector y pone en riesgo inversiones por 30 mil millones de dólares, acusa la iniciativa privada.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la American Chamber México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales se unieron para pedir la revocación del acuerdo. En un comunicado, el CCE consideró que la medida es “una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano”.

“A través de este instrumento, la Secretaría de Energía (Sener) usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia… El acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos, lo que representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México”, señalan los empresarios.

La situación ocasionará graves consecuencias para el país, mayor pérdida de empleo, desplome de la confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares, refiere el CCE.

En su cuenta de Twitter, la titular de la Sener, Rocío Nahle, respondió que México tiene la capacidad instalada para generar electricidad a través de energía renovable hasta en 31 por ciento, y gracias a la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), “está garantizada en forma segura y continua”.

La energía renovable, o limpia como se le conoce, se genera en geotermia 1.2 por ciento, en nuclear 2, solar 4.3, eólica 7.5, e hidroeléctrica 16 por ciento, lo que conforma el 31 por ciento total.

La funcionaria explicó que las centrales de ciclo combinado de electricidad trabajan las 24 horas, a través de gas y vapor de agua; esta técnica mantiene la continuidad del sistema y ofrece el respaldo al sistema eléctrico nacional cuando las intermitentes (renovables) no producen.

De las tres subastas eléctricas realizadas, refirió Nahle, se ha instalado 67.13 por ciento de infraestructura. De ellas, en servicio se tienen 4 mil 544 megawatts (mw); que a su vez se dividen en 3 mil 418.3 mw de energía solar o fotovoltaicas y mil 125.8 mw de energía eólica.

Informó que son 20 los proyectos en proceso con una capacidad en generación para 2 mil 225.1 mw; al menos mil 229.6 mw serán fotovoltaicos y 995.7 eólicos.

El objetivo del Acuerdo publicado es garantizar un ordenamiento eficaz de la generación y distribución del recurso en todo el territorio nacional. "Hoy vivimos las consecuencias de la pandemia y es de notar que se redujo de manera drástica la demanda eléctrica en el sector industrial y comercial, con lo cual aumentó el preexistente desbalance entre la capacidad de generación eléctrica con respecto a la demanda".

De ahí que esté comprometida la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico, especialmente para garantizar la operación de las actividades esenciales y el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura y del sistema de salud durante la emergencia, argumentó la dependencia.

El CCE en el comunicado agregó que la medida, que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional.

“No sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado”.

El conjunto llama a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener lo que consideró "esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía".

El sector privado dijo –incluyendo generadores, comercializadores y consumidores de energía– que agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de derecho en México y defender al sector energético como motor de desarrollo del país.

Canadá y la Unión Europea han planteado formalmente a México su preocupación por las normas que dicen ponen en peligro los proyectos de energía renovable, aumentando las tensiones con su gobierno, que el viernes por la noche anunció medidas para reforzar su control sobre la industria eléctrica.

El embajador designado de Canadá en México, Graeme Clark, dijo en la carta canadiense que las nuevas regulaciones del pondrán en peligro los proyectos canadienses de energía renovable y solicitó una reunión con las autoridades mexicanas para discutir las medidas. Empresas como ATCO, Canadian Solar, Cubico Sustainable Investments y Northland Power pueden verse afectadas.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) manifestó su "rotundo rechazo" a la decisión del Gobierno Federal, en particular de Sener y CFE, de emitir un ordenamiento que impediría, en la práctica, la inversión nacional y extranjera en proyectos de generación de energías renovables.

Primero fue un "Pliego Petitorio" de la CFE a la CRE en diciembre de 2019 y luego el 29 de abril el “Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del Reconocimiento de la Epidemia de Enfermedad por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19)", emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

"Finalmente, el viernes 15 de mayo la Sener envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el 'Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional', solicitándole la exención de MIR (análisis de impacto regulatorio) como paso para proceder a la inmediata publicación en el DOF y entrar en vigor", acusó el organismo.