Éxodo en Chilapa, ¿vacío de poder?

Columnas miércoles 13 de mayo de 2026 -

Una vez más, el México real se impone a la “politiquería”, prueba de ello las cerca de 16 mil personas desplazadas por violencia criminal durante 2025, en un contexto marcado por el uso creciente de drones, explosivos y minas antipersona que profundizan la crisis humanitaria en estados como Guerrero, Sinaloa, Chihuahua y Michoacán.

La tragedia de Guerrero ya no puede describirse como una crisis de seguridad: es una derrota abierta del Estado mexicano. En mayo de 2026, cerca de mil familias han sido desplazadas por la violencia criminal en la entidad, particularmente en Chilapa, donde más de 800 familias abandonaron sus hogares huyendo del terror impuesto por el cártel de “Los Ardillos”.

Lo más alarmante no es el éxodo, sino la normalización de una guerra irregular que se registra desde hace años y ocurre frente a gobiernos de diferente ideología, paralizados, rebasados o, peor aún, resignados. Los gobiernos federal y estatal aseguran que los programas sociales y la “atención a las causas” reducirán la violencia. Sin embargo, la realidad los desmiente con crudeza.

Los habitantes de la región de La Montaña, en Guerrero se acostumbraron a vivir bajo una lógica de ocupación criminal. Incluso crearon un sistema de protección comunal: “Las autodefensas”. Las comunidades enfrentan extorsiones, amenazas o ejecuciones; ahora padecen tácticas propias de conflictos armados: drones utilizados para vigilar y lanzar explosivos, emboscadas con armas de alto calibre y control territorial absoluto de caminos, alimentos y comunicaciones.

En esta región de Guerrero, la población vive atrapada entre la indiferencia oficial y la barbarie criminal. Las familias desplazadas no abandonan sus casas por miedo, huyen para salvar la vida. Huyen porque saben que quedarse significa exponerse a asesinatos, reclutamiento forzado, desapariciones o ataques indiscriminados. Y cuando logran escapar, descubren otra forma de abandono: no existen políticas serias de atención al desplazamiento interno.

El gobierno de México sigue negándose a reconocer plenamente el desplazamiento forzado como una emergencia nacional. Miles de personas desplazadas sobreviven sin censos confiables, sin refugios dignos y sin garantías de retorno seguro. Son ciudadanos invisibles para un sistema político obsesionado con controlar la narrativa antes que resolver el problema. El gobierno habla de gobernabilidad mientras pueblos enteros quedan vacíos.

En el informe “Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2025”, delPrograma de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (IBERO) se documentó que el 83% de los desplazamientos estuvieron relacionados con violencia vinculada al crimen organizado y que Sinaloa, Chihuahua y Michoacán concentraron la mayor cantidad de casos.

La investigación confirmó que estamos ante un fenómeno subregistrado y poco visibilizado en México, pese a sus profundas consecuencias sociales y humanitarias.

Así las cosas, Guerrero se ha convertido en un laboratorio del crimen organizado mientras las autoridades siguen atrapadas en el discurso de “reforzar la presencia institucional”. La pregunta inevitable es: ¿dónde está el Estado?

@guillegomora