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Extradición de Florian Tudor permanece pendiente tras cinco años de proceso legal
Nación
La extradición de Florian Tudor, conocido como “El Tiburón” y señalado por autoridades rumanas como líder de una organización criminal vinculada con la clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos de México, continúa sin concretarse, cinco años después de su detención.
Tudor permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, mientras los recursos legales promovidos durante el proceso han impedido que sea entregado a las autoridades de Rumania. En mayo de 2021, el entonces canciller Marcelo Ebrard había señalado que la extradición sería rápida.
En Rumania, el proceso en su contra por delincuencia organizada, extorsión e instigación a tentativa de homicidio permanece suspendido debido a que no ha podido ser presentado ante el tribunal. Mientras tanto, antiguos integrantes de la organización que, de acuerdo con la justicia rumana, operaban bajo sus órdenes ya recibieron condenas de entre 12 y 13 años de prisión.
La Dirección de Investigación de Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo de Rumania, conocida como DIICOT, acusa a Tudor de haber constituido y dirigido una estructura criminal que habría recurrido a amenazas, extorsiones y actos de violencia contra empresarios y miembros de la propia organización.
Según la acusación de los fiscales rumanos, desde 2015 Tudor habría establecido en Cancún una estructura integrada principalmente por ciudadanos de ese país, varios de ellos originarios de la región de Craiova.
Uno de los principales cargos en su contra está relacionado con un ataque ocurrido en Cancún el 2 de abril de 2018 contra Sorin Constantin Marcu, antiguo colaborador de Tudor. De acuerdo con la acusación, integrantes de la organización lo atacaron y apuñalaron después de que ambos entraran en conflicto. Marcu sobrevivió al ataque.
Por estos hechos, la Fiscalía rumana acusa a Tudor de instigación a tentativa de homicidio calificado. Dos meses después, el 11 de junio, Marcu fue asesinado también en Cancún. Este segundo homicidio permanece bajo investigación en otro expediente y no forma parte de los cargos por los que Tudor fue enviado a juicio.
La investigación de DIICOT también señala presuntos episodios de intimidación relacionados con el control de negocios y de integrantes de la organización. Entre ellos se encuentra un hecho de 2017, cuando Tudor habría ordenado amenazar a una persona para obligarla a renunciar a derechos relacionados con dos inmuebles en Rumania.
Ese mismo año, según la acusación, también habría amenazado a uno de sus colaboradores para obligarlo a regresar a México y continuar con actividades de “skimming”, término utilizado para describir la obtención ilegal de información almacenada en tarjetas bancarias.
Hasta ahora, el proceso de extradición permanece pendiente y Tudor continúa recluido en México, mientras las autoridades rumanas mantienen abiertas las acusaciones en su contra.
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RN/CR
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