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FGR analiza investigación por compra a sobreprecio de ventiladores COVID-19
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La Fiscalía General de la República (FGR) trabaja en dar continuidad a la investigación relacionada con la presunta compra irregular de ventiladores mecánicos destinados a la atención de pacientes con COVID-19 durante la emergencia sanitaria, operación que habría generado un daño a las finanzas públicas del sector salud.
La indagatoria, según fuentes de la dependencia, se centra en contratos celebrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2020, cuando se autorizó la adquisición de ventiladores mediante el mecanismo de asignación directa, y presuntamente pese a que la empresa proveedora se encontraba inhabilitada por el propio gobierno federal al momento de la contratación.
De acuerdo con investigaciones judiciales, difundidas en su momento por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el contrato fue otorgado a la empresa Cyber Robotics Solutions, la cual habría presuntamente proporcionado información en su registro como proveedor, incluido su domicilio fiscal, que eran reales, lo que derivó posteriormente en su inhabilitación por la Secretaría de la Función Pública.
El expediente judicial involucra al entonces director de Prestaciones Médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja, quien habría avalado el proceso de compra y la formalización del contrato. La investigación también busca determinar el destino final de los ventiladores adquiridos, ya que , destaca la investigación, no existe información pública completa sobre su distribución, uso o resguardo dentro de las unidades médicas.
Durante la pandemia, la compra de ventiladores fue considerada prioritaria ante la alta demanda hospitalaria y la escasez de equipos de soporte respiratorio. Sin embargo, diversas auditorías y reportes oficiales posteriores detectaron irregularidades en procesos de contratación, sobrecostos y deficiencias administrativas en adquisiciones realizadas bajo esquemas de emergencia.
Tras su salida del IMSS, Borja se incorporó al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), donde continuó participando en procesos de contratación pública.
En el sector salud también se ha señalado su posible interés en ocupar un cargo dentro de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), situación que generó cuestionamientos internos debido a los antecedentes del caso.
La reapertura de los expedientes podría tener como objetivo esclarecer posibles responsabilidades administrativas, así como garantizar la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos destinados a la atención de la emergencia sanitaria.
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RN/CR
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