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Familiares de víctimas del AXE Ceremonia exigen reabrir investigación por presunta corrupción en la FGJCDMX
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Un juez de control ordenó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) concluya las investigaciones para determinar posibles responsabilidades de la empresa organizadora del festival AXE Ceremonia, Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA), y de la empresa de seguridad LOBO, tras el colapso de dos grúas que lesionaron a los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.
La familia Giles Rivera obtuvo una suspensión definitiva para impedir que el juez José Luis Palacios Fernández lleve a cabo la audiencia inicial hasta que la Fiscalía aclare si OCESA y LOBO están involucradas en los hechos, así como otros actos de investigación que, según la queja familiar, no se habrían ejecutado debidamente.
La jueza Ivette Morales pidió que la Fiscalía y el Ministerio Público encargados del caso se separen de la carpeta de investigación, argumentando que los imputados podrían haber sido favorecidos en el proceso, y señaló posibles indicios de corrupción en las actuaciones previas.
Está programado que la audiencia inicial se realice el 16 de octubre, pese a la suspensión concedida. Si se comprueban las presuntas negligencias en que OCESA y LOBO habrían violado normas de Protección Civil al introducir las grúas al recinto del evento, estas empresas podrían pasar de testigos a imputadas.
La defensa de la familia Giles mencionó que, desde mayo, existe una resolución administrativa relativa a la instalación indebida de una de las grúas, y presentó como prueba un vehículo de videovigilancia usado por la empresa LOBO durante el festival, cuyo registro de placas no coincide con los registros oficiales de la Ciudad de México.
Por su parte, los abogados de la familia de Miguel Ángel Rojas informaron que las compañías actualmente imputadas solicitaron más tiempo para revisar los 17 tomos de la carpeta investigativa, por lo que la audiencia se reprogramó para el 28 de octubre.
Asimismo, señalaron que otras tres empresas podrían estar implicadas en la contratación, instalación y manipulación de las grúas, por el presunto delito de homicidio culposo, aunque aclararon que solo aquellas que hayan violado las normas de Protección Civil podrían ser consideradas responsables.
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RN/CR
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