En todo el planeta, en Europa como en Asia y Latinoamérica, en los países industrializados y en aquellos en vías de desarrollo; se vive la experiencia de diversas crisis: la migratoria, la ambiental, la social, y una en particular, que pone en riesgo el Estado democrático de derecho, la crisis de legitimidad institucional.
La credibilidad que tienen las instituciones se logra de acuerdo con las funciones y resultados que brindan frente a la sociedad y la percepción que se tiene de las mismas. Por ello, es importante conocer lo que opina la ciudadanía a través de mecanismos de participación apegados a la transparencia y rendición de cuentas.
De esta manera, surge la importancia de reforzar el concepto de “Gobierno Abierto”, mismo que consiste en transparencia -tener información clara y confiable-; rendición de cuentas -reglas, regulaciones y mecanismos para que los gobernantes justifiquen sus acciones-; participación -promoción que hace el gobierno sobre el derecho que tiene la ciudadanía de opinar en la formulación de políticas públicas- y, en algunos casos, la tecnología e innovación; es decir, el acceso a la tecnología y el aumento de su capacidad de uso en la sociedad, así como su rol estratégico en el fomento de la innovación.
A pesar de que México fue uno de los principales impulsores de la alianza del gobierno abierto, a nueve años de su implementación; no obstante los esfuerzos institucionales por parte de la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los núcleos de la Sociedad civil, y los diversos sectores del gobierno, siguen existiendo pendientes por resolver, como: el de garantizar la participación ciudadana efectiva en los procesos de apertura institucional que nos permitan transitar de la simulación a la realidad; así como el de distinguir con claridad entre gobierno electrónico y gobierno abierto, siendo éste último, un instrumento que no es dependiente de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Teniendo en mente lo anterior, se requiere extender la lógica de la apertura institucional a todos los poderes y órdenes de gobierno para dirigirnos hacia un Estado verdaderamente abierto que consolide a nuestro país como un referente en la agenda internacional.
Con ello, se busca involucrar a la sociedad en la toma de decisiones. Sin embargo, es indispensable un cambio cultural que incida en todos los sectores del gobierno a fin de otorgarles la facultad de resolver con inteligencia y credibilidad las desafiantes actividades que enfrentan; y así, crear modelos de colaboración e inclusión que permitan generar una relación de confianza con la ciudadanía y promover su participación con el objetivo de construir la legitimidad y credibilidad de las instituciones, siendo éstas, elementos base para un Estado democrático de derecho.
.