INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD

Una reforma de gran calado en materia de seguridad pública fue aprobada hace pocos días en el Congreso de la Unión. A diferencia de otras iniciativas, altamente controvertidas, esta fue apoyada de manera unánime. La seguridad es un rubro estructural sui géneris por varias cosas, pero baste decir que esa excepcionalidad se nota en todo el ciclo de políticas públicas que la involucra, desde el diseño hasta su instrumentación y evaluación. Además, la inseguridad es uno de los problemas que son, en algunos contextos grandes igualadores sociales, para mal. A diferencia de lo que pasa en la educación o la salud, donde ante la precarización de las instituciones públicas los ricos hacen las suyas y ya, en la seguridad (ciudadana, nacional, todas), esta vía de escape no es operativa. Un país inseguro lo es para todos, aunque para distintas conductas. Una persona con dinero es más susceptible de sufrir una extorsión o un secuestro, y alguien que usa el transporte público en rutas inseguras, un robo a mano armada en plena combi (ya se la saben). Pero todos la sufren.

La profesionalización de las policías (militarizadas o no) es esencial, pero también la construcción de confianza y de proximidad hacia la población, porque debe haber cierto arraigo comunitario además de espíritu de cuerpo y destreza técnica. Además, la recuperación de espacios públicos (así, tan claro como restaurar un parque o iluminar una calle) contribuyen a quitarle margen a la delincuencia. Y cuando el crimen organizado es responsable de buena parte de la violencia, la inteligencia, en sentido estricto, es igualmente importante. Creo que hacia allá se dirige esta reforma, en una de sus principales aristas.

Las reformas aprobadas, además, tendrán un efecto en las relaciones entre México y EUA. Algunas analistas sugieren que proyectos de cooperación en materia de seguridad, como los casos de la ‘Iniciativa Mérida’ y el ‘Acuerdo Bicentenario’ son improbables. Sin embargo, la cooperación entre agencias de inteligencia para la seguridad bien podría convertirse en regla general. Las presiones son y serán demasiadas como para que todo permanezca inmóvil.

Es previsible que la narrativa del gobierno de Trump siga la ruta de la responsabilización del Estado mexicano del estado de la seguridad en la región. En el primer período del gobierno de Trump uno de los temas que mayores fricciones políticas entre los gobiernos nacionales fue el asunto migratorio; en el período de gobierno de Biden el tema del tráfico de precursores químicos marcó un hito en el conflicto diplomático de México y EUA. Ahora, parece que el asunto de la seguridad en la frontera sur de EUA con México y el combate al crimen organizado serán relevantes en la agenda bilateral. Sin embargo, el enfoque cambiará respecto de lo acontecido.

En adición, buena parte del equipo de primer nivel, serán perfiles republicanos con experiencia política que también han utilizado herramientas discursivas ‘antimexicanas’. Este contexto favorece que la normalidad sea la irresponsabilidad. Es decir, si la normalidad política en EUA es el disparate, el discurso de odio y las tendencias xenofóbicas, entonces la mesura y la cordialidad no son esperables. La apuesta hacia el enfoque de la inteligencia para la seguridad parte del supuesto de que el uso de la fuerza no es suficiente. Empero, la obtención de resultados y el funcionamiento pleno de las estrategias de inteligencia tomará tiempo. En el corto plazo, resultará trascendental conocer a nivel de detalle la implementación de la nueva legislación, sobre todo porque representa aprendizajes en términos del ejercicio del gasto público y conformación de recursos humanos.

Hay otro tema, viejo, pero siempre ignorado: al contrario de la persecución de los delitos, la naturaleza de la inteligencia es eminentemente preventiva y sus herramienta fundamental es el espionaje, llamado de diversas formas (todas terminan en la observación de individuos o grupos sospechosos, para anular sus acciones antes de que las lleven a cabo).Esto quiere decir, por un lado, que la discrecionalidad y la secrecía son la base de la inteligencia, así que no se puede regular las actividades de inteligencia como se regula, por ejemplo, la cadena de custodia o el protocolo de un arresto. Y, por otro lado, que el material obtenido mediante inteligencia rara vez puede ser usado como evidencia, porque se trata de vigilar, infiltrarse, intervenir comunicaciones, obtener la colaboración de delincuentes, y todo esto desde antes de que se cometa un delito, pese a que la persona ya haya cometido otros. Para estos últimos ya hay persecución del delito con herramientas ministeriales, no inteligencia, al menos no por regla general.

Las reformas planteadas en seguridad pública permitirán mejorar las capacidades institucionales del gobierno federal. Hasta ahora la presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad y el anuncio de estas reformas, conforman un bloque de esfuerzos institucionales tendientes a incrementar el potencial de las instituciones más allá de lo que representa la mera estrategia aritmética de combatir fuego con fuego, a lo bruto. Enhorabuena.