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Internos podrán pagar dispositivo de monitoreo para su preliberación
Nación
Por Claudia Bolaños
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de trabajo en los centros penitenciarios y de reinserción social, que considera que el propio interno podrá pagar su dispositivo de monitoreo electrónico.
Se establece que si al momento de otorgarse la libertad condicionada la autoridad penitenciaria no cuenta con dispositivo de monitoreo electrónico, el juez podrá establecer un convenio judicial de pago o caución suficiente para cubrir el costo del dispositivo, y una vez establecida esta medida, se procederá con la liberación.
El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, fue aprobado, en lo general, por 488 votos a favor, y en lo particular, con 489 votos. Se incluyó la reserva aceptada por el Pleno al artículo 4, para incluir la perspectiva de género en la reinserción social, presentada por la diputada, Joanna Alejandra Felipe Torres, del PAN.
El dictamen establece que la reinserción social será ejecutada con respeto a la perspectiva de género, procurará la no reincidencia, la adecuada integración a la sociedad y que la educación que se imparta en estos centros promoverá la reinserción social, la reconstrucción del tejido social y la convivencia armónica al interior.
Indica que la autoridad penitenciaria deberá celebrar convenios de colaboración con instituciones educativas para garantizar la certificación de la capacitación para el trabajo, y tendrá que garantizar que los procesos de capacitación para el trabajo cuenten con reconocimiento oficial de competencia ocupacional o su equivalente en las entidades federativas.
El trabajo podrá ser solicitado por la persona privada de la libertad; además, podrá pedir la cuenta de sus ingresos de manera mensual, así como realizar la promoción de sus productos o de sus servicios ofrecidos a través de la autoridad penitenciaria.
En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Justicia, la diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) indicó que la reinserción social, además de ser un principio constitucional, constituye uno de los pilares fundamentales en la construcción de un Estado de derecho más igualitario.
Compurgar una pena, expuso, “no debe llevar un menoscabo adicional a la integridad y dignidad de las personas privadas de la libertad; por el contrario, debe basarse en el respeto a los derechos humanos y en la reintegración idónea a la sociedad, que les permita afrontar la estigmatización y discriminación que les acarrea el hecho de haber estado en prisión”.
Imagen: Especial
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FT/CR
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