En una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) elevaron de 10.7 a 30 millones de dólares la reparación del daño exigida a Emilio Lozoya Austin, desatando la polémica en torno al caso.
Lozoya, ex funcionario de Pemex, calificó esta acción como una "extorsión", ya que no se proporcionaron fundamentos claros para justificar el aumento en el monto de la reparación del daño durante la audiencia intermedia.
El juez Gerardo Genaro Alarcón López suspendió el desahogo de la audiencia, que daría paso a la etapa de juicio oral por el caso agronitrogenados, debido a la falta de explicaciones por parte de la Fiscalía General de la República, la UIF y Pemex.
La defensa de Lozoya planteó dos incidencias en busca de declarar prescrito el delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita y cuestionando la legitimidad de la UIF y Pemex para exigir la reparación del daño. Sin embargo, el juez rechazó estas peticiones, generando más tensiones en el proceso.