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La democracia mexicana
Columnas
México atraviesa un momento clave para su sistema electoral, en la víspera de la elección intermedia para 2027. La propuesta de reforma que se analiza en el Congreso de la Unión abre la posibilidad de modernizar instituciones, reducir costos y adecuar reglas, sin quebrar la pluralidad que ha cimentado la vida democrática en las últimas décadas.
La memoria reciente ofrece algunos referentes que no debemos pasar por alto. En 1996, el rediseño del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) consolidó la autonomía electoral. En 2007, la reforma en materia de comunicación política corrigió excesos y equilibró el uso del tiempo en los medios de comunicación. En 2014, la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) respondió a demandas de mayor estandarización nacional. Estos procesos surgieron de tensiones políticas reales, pero también de acuerdos que permitieron avanzar sin fracturar el sistema.
Ahora, el debate se centra en un objetivo concreto, hacer más eficiente la operación electoral. El gasto administrativo absorbe una proporción creciente del presupuesto, lo que abre una conversación técnica sobre racionalidad financiera y la eficiencia en los procesos técnicos.
La revisión del financiamiento a partidos políticos, basada en criterios ligados a participación ciudadana, ha generado coincidencias parciales. Ese modelo permitiría reducir recursos subutilizados e incentivar un vínculo más directo entre organizaciones políticas y electores.
La eventual reducción de diputados federales, de 500 a 300, también figura en la discusión. El eje central es ajustar el diseño para mantener pluralidad mediante mecanismos de compensación; sin embargo, hay que aclarar que, en los borradores legislativos se carece de la intención de eliminar la representación proporcional.
Además, el respaldo social a un sistema más sobrio se mantiene elevado. Las encuestas públicas muestran que una mayoría social (y política) exige instituciones menos costosas, pero igualmente sólidas.
Por otra parte, al interior del INE, se ha reconocido que una actualización normativa permitiría profesionalizar procesos, incorporar tecnología más segura y fortalecer la vigilancia, física y cibernética. Esta premisa no parte de cero, acumula tres décadas de elecciones competidas, alternancias y marcos legales aprobados en las entidades del país.
El saldo institucional de cada reforma ha sido distinto, pero en todos los casos el país apostó por acuerdos políticos. La historia inmediata recuerda que los mayores retrocesos se dieron cuando la polarización se impuso sobre la responsabilidad pública.
Hoy, la oportunidad vuelve a la mesa. En el Congreso de la Unión se debe traducir el diagnóstico en reglas claras, sostenibles y transparentes. La propuesta de reforma al marco legal sólo tendrá sentido si protege la competencia y asegura instituciones que sirvan al ciudadano sin depender del gasto excesivo.
Sin duda el desafío es profundo, construir un sistema electoral más moderno y eficiente, sin olvidar lo que costó levantar el actual. Cada ajuste define el tipo de pacto democrático que México logrará preservar, pero se debe actuar con la participación de todas las fuerzas políticas y sectores del país.
De esta forma tendremos un 2026 con una reforma electoral que defina el rumbo del país con miras a la próxima elección presidencial de 2030. ¿Estaremos a la altura para consolidar nuestra democracia?
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
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