La ética de la función electoral: una reflexión necesaria

En 1998 José Woldenberg -entonces presidente del IFE- escribió en el afamado Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina acerca de la ética y la responsabilidad en los procesos electorales. Aunque parecen olvidadas, sus palabras siguen resonando el día de hoy, puesto que la ética en la función pública, y en particular en la materia electoral, sigue siendo un pilar indispensable para la legitimidad de nuestras instituciones democráticas. La ética de la responsabilidad pública no es un postulado filosófico, sino una exigencia práctica que debe guiar cada decisión y cada acción dentro del de por sí complejo entramado electoral.

“Lo público es esa cosa de todas, de todos, y de nadie en particular”, es un mantra perenne en la función pública -y especialmente en el ámbito electoral- puesto que es un terreno donde las decisiones colectivas inciden directamente en la confianza ciudadana. La ética aquí no es simplemente un código de conducta sino la base que asegura que cada persona funcionaria pública actúe con integridad, imparcialidad y máxima publicidad. Al revés: sin una ética de la convicción sólida, el sistema electoral correría el riesgo de ser capturado por intereses ajenos al bien común, erosionando la confianza en las instituciones, y por ende debilitándolas. La responsabilidad pública es un compromiso que exige la constante vigilancia sobre nuestras propias acciones y decisiones.

Max Weber afirmaba que quien entra al mundo de la política ha sellado un pacto con el diablo, pues accede a utilizar la violencia y el poder. La ética de la responsabilidad democrática, en ese mismo mundo, es clave para proteger la institucionalidad y la legalidad. En un contexto donde la manipulación, la corrupción y las malas prácticas pueden distorsionar los mensajes institucionales, una ética robusta se convierte en la mejor defensa contra dichos abusos. No basta con seguir las reglas al pie de la letra; es necesario entender el espíritu detrás de ellas y actuar en consecuencia, siempre en beneficio del proceso democrático y no de intereses particulares. La responsabilidad ética obliga a los actores electorales a colocarse siempre en el papel de defensores de los principios rectores de la función pública.

Si lo pensamos, la responsabilidad de toda persona funcionaria electoral no se limita a la protección de un proceso, sino que también incluye estar del lado de las instituciones. Ya sea frente a la toma de un edificio en una universidad pública, ante la tergiversación de las firmas de un funcionario directivo, o quizá en un consulado a la orilla del mundo, la ética y la institucionalidad deben fusionarse. La ética, sin la defensa de las instituciones que garanticen su ejercicio, se convierte en una mera declaración de intenciones. Defender las instituciones es un acto ético en sí mismo, que asegura la continuidad de la democracia y la confianza de la ciudadanía en sus procesos.

X: @CarreraBarroso