La fuerza y la paz

Columnas miércoles 25 de febrero de 2026 -

La extinción de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, marca un parteaguas en la estrategia de seguridad del Estado mexicano. El Cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los grupos delincuenciales más violentos del mundo, con implicaciones profundas para la salud pública, la seguridad nacional y la estabilidad social.

Durante años, a este grupo delictivo se le han atribuido miles de homicidios, así como redes de extorsión, trata de personas, explotación minera y control territorial en amplias regiones del país, producto en buena medida de la corrupción de algunos servidores públicos deshonestos.

Al dejar sin líder al cártel del narcotráfico más peligroso del mundo, se sabe, en voz del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, que la operación contó con apoyo logístico de agencias de los Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El combate a estas estructuras, reduce la disponibilidad de sustancias ilícitas en comunidades mexicanas, donde el consumo entre adolescentes preocupa a autoridades sanitarias. En este sentido se sabe que la Comisión Nacional contra las Adicciones ha advertido sobre el aumento de consumo de metanfetaminas en el sector juvenil.

Lamentablemente, la muerte del líder criminal durante su traslado impide un proceso judicial; más el costo humano elevado de la intervención armada, con más de 60 elementos de fuerzas armadas y policiales que perdieron la vida.

Pero hay que recordar que la estrategia de seguridad iniciada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador apostó por atender causas sociales, sin abandonar acciones tácticas contra estructuras criminales. Hoy, la administración de Claudia Sheinbaum mantiene esa línea con énfasis en inteligencia, coordinación interinstitucional y cooperación internacional bajo reglas claras.

De esta forma, hay que reconocer que la decisión tomada en 2006 bajo el gobierno de Felipe Calderón, cuando se declaró la guerra frontal al narcotráfico, produjo una ola de violencia cuyas consecuencias aún persisten. Pero lo que se hace ahora, es ajustar el rumbo con mayor equilibrio entre fuerza legítima y reconstrucción social.

Así, el Estado mexicano no renuncia a su responsabilidad de proteger a la población. También reafirma que la cooperación con Estados Unidos, incluso bajo la administración de Donald Trump, puede sostenerse dentro del respeto mutuo y la legalidad.

Si estas acciones logran reducir el flujo de drogas, la extorsión en comunidades rurales y el desplazamiento forzado, México avanzará hacia una recuperación gradual de la seguridad. El impacto podría reflejarse también en dinámicas migratorias y en la percepción internacional del país. Hay que dejar que madure esta dinámica para comparar resultados.

Por otra parte, el sacrificio de más de 60 servidores públicos, entre ellos de la Guardia Nacional, representa el costo real de enfrentar a las estructuras criminales que lastiman al país. Si esas vidas contribuyen a que un sin número de jóvenes se mantengan alejados de la violencia y las drogas, el Estado habrá dado un paso significativo. "¿Qué es lo que se demostró?: la fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda”, ya lo dijo el general Ricardo Trevilla, desde el atril presidencial.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017