La injerencia de AMLO en el INE y el INAI, un riesgo para la democracia

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

A 30 años de que México inició el camino para establecer órganos autónomos que han fungido como un sistema de contrapesos al Poder Ejecutivo, la existencia y operatividad del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) corren grave riesgo por el capricho del gobierno, que pretende apoderarse de esas instituciones ciudadanas.

Por lo pronto, en torno al INE –luego de la decisión del ministro Javier Laynez Potisek de suspender la aplicación del llamado Plan “B” de la reforma electoral del presidente López Obrador–, se avizora un conflicto preelectoral, debido a que la Consejería Jurídica de la Presidencia anunció que impugnará esta medida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y si el gobierno logra imponer su voluntad sobre las decisiones de la Corte, se estaría debilitando la independencia y autonomía del Poder Judicial, lo que podría tener un efecto dominó sobre las demás instituciones del país.

Además, la impugnación presidencial también podría generar desconfianza en el proceso electoral de 2024, ya que las reformas en materia electoral deberán promulgarse 90 días antes de septiembre, lo que podría llevar a una mayor polarización y división en la sociedad.

En su colaboración en el periódico Reforma, Carlos Elizondo Mayer-Serra menciona que AMLO “se irá contra la Corte para ir sembrando la necesidad de un cambio radical de esas instituciones autónomas, cuyo mayor defecto es fallar en contra de su voluntad”. En tanto el doctor Luis Jorge Molina Piñeiro asegura que “los organismos autónomos deben permanecer y ser defendidos desde los espacios políticos libres, por la sociedad civil y la opinión pública. Tratar de diluirlos o controlarlos es, por decir lo menos, un afán de retorno a la dictadura perfecta”.

Pero, así como se avizora un posible revés de la impugnación presidencial al plan “B”, desde hace algunas semanas, en el Congreso de la Unión, ya se ha puesto en marcha el Plan “C” de Morena con el avieso propósito de imponer a consejeros electorales y comisionados del INAI afines a la 4T. Versiones periodísticas señalan que Bertha María Alcalde Luján fue la primera de la lista que entregó el Comité técnico de evaluación para ocupar la presidencia del órgano administrativo electoral.

Los legisladores de oposición han externado su desacuerdo con la forma de trabajar del comité técnico, ya que más que elegir candidatos independientes que cumplieran con los criterios de idoneidad, tal parece que lo que buscan son el ingreso de operadores electorales de Morena.

María Esther Azuela –integrante del Comité Técnico de Evaluación del INE–, emitió voto particular en contra de 6 de los aspirantes a consejeros electorales que fueron seleccionados, por considerar que no cumplían con los requisitos constitucionales debido a la cercanía y parentesco que tienen con funcionarios del gobierno, y por la evidencia de su trabajo en partidos políticos o cargos en otros poderes federales o estatales.

Entre ellos están la propia Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaría del Trabajo; Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador de Morena José Álvarez Lima; Lulisca Zircey Bautista, asesora electoral de partidos y esposa del subsecretario de SEDATU, Daniel Octavio Fajardo y Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de Irma Eréndira Sandoval.

Este proceso de selección de candidatos independientes es fundamental para garantizar la imparcialidad y objetividad del INE, y su eventual fracaso podría tener consecuencias negativas para la democracia mexicana. Este tipo de acciones pueden minar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y socavar la transparencia y la equidad en el proceso electoral.

La presión para imponer a consejeros electorales en el INE y comisionados del INAI afines a la 4T, podría afectar seriamente el futuro del país. Si los nombramientos se hacen con base en intereses políticos en lugar de respetar lo que marca la Constitución, se estaría cuestionando su capacidad para garantizar elecciones libres y transparentes, así como la protección de los derechos humanos relacionados con la transparencia y el acceso a la información.

López Obrador y sus asesores en la materia no han entendido que sus intentos por debilitar y desmantelar a los organismos autónomos representan un grave riesgo para la democracia. De ahí que, ante estas situaciones, es importante que la sociedad civil y los partidos de oposición se mantengan vigilantes y hagan valer sus voces para defender la independencia y autonomía de estas instituciones, que son esenciales para el fortalecimiento de la democracia en México. También es fundamental que los actores políticos y gubernamentales entiendan la importancia de estos organismos y trabajen para fortalecerlos en lugar de debilitarlos o controlarlos.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM