La quema de la democracia

El pasado 18 de marzo, en el evento convocado por el Presidente López Obrador para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera, paradójicamente, en el espacio que representa el consenso, el pluralismo, la tolerancia y el entendimiento de nuestra sociedad, la icónica plaza de la Constitución, apareció una piñata con la figura de la Ministra Norma Piña, presidenta de la SCJN, a la que se prendió fuego hasta quedar en cenizas. Se trata de un hecho de barbarie social que debe ser rechazado enérgicamente y sin vacilación alguna.

El Estado mexicano es democrático y constitucional, esto quiere decir que la base y el límite de toda la acción social y política, es la Constitución, que tiene un doble carácter; i. Liberal, en tanto reconoce derechos humanos de distinto contenido; y ii. Democrática, lo cual significa que nuestros poderes se integran en virtud de elecciones libres y auténticas y que, además, las demandas de los distintos grupos de la sociedad deben ser atendidas a través de políticas públicas, leyes y acciones de gobierno.

Uno de los rasgos de nuestra democracia constitucional es el pluralismo, principio al que se ha dañado con la narrativa política de la Presidencia de la República, desde donde se quiere imponer una visión monolítica del Estado, gobierno y sociedad. Lo monocromático como expresión del poder e, inclusive, del ser social, ha conducido a expresiones inaceptables como la quema de la piñata de la Ministra Piña, clara manifestación de odio, apología del delito, rechazo a los contrapesos y a los entendimientos divergentes de la Constitución, el ejercicio del poder, el goce de los derechos y la vida política.

Pero el rechazo y la diatriba que el Presidente López Obrador hace sobre la Ministra Norma Piña, quien, únicamente, ha repetido lo que la Constitución dice del Poder Judicial de la Federación, esto es: que los órganos judiciales son autónomos e independientes de los otros poderes, no solamente atenta contra la dignidad, honra y hasta la integridad de la primera mujer que preside el alto tribunal, con todo lo grave que ello supone en un país con hondos problemas de inseguridad, especialmente de feminicidios y violencia contra las mujeres, sino que también desmorona el pluralismo y la tolerancia.

Pareciera que el Presidente López Obrador ignora de manera deliberada estos valores, para generar posiciones radicales que culminan en odio y violencia inaceptables, al tiempo que prescinde de la idea de que cuando las sociedades son grandes y complejas -como sucede con la mexicana- uno de los grandes problemas de la democracia es adoptar un método válido que permita unificar los intereses y opiniones no solo de los diferentes, sino especialmente, de los contrarios. El Presidente pasa por alto que no es posible que este pluralismo contradictorio de intereses y opiniones sea superable absolutamente, pues para ello solamente existen 2 caminos: i. Que un grupo se imponga de manera absoluta sobre otro u otros, lo que equivale a un exterminio democrático propio de una dictadura; o ii. Que de manera mágica se encuentre una fórmula por la que de pronto todos estén de acuerdo en lo que debe hacerse política y socialmente, lo que solamente podría pensarse en la utopía más ingenua.

En una democracia constitucional, es necesario que existan procedimientos que permitan unificar democráticamente a la ciudadanía, adoptar consensos en lo esencial y mostrar respeto e igual consideración por las visiones distintas, dando el espacio que las mismas tienen en un gobierno de todas las personas y para todas las personas, puesto que ese es el único medio para tomar decisiones públicas legítimas.