La reforma fiscal que nos urge

Columnas miércoles 26 de agosto de 2026 -

México necesita una reforma fiscal integral. La razón inmediata es conocida: las capacidades tributarias del Estado son insuficientes frente a las obligaciones que debe enfrentar. Pero el problema es más profundo. La política fiscal no constituye únicamente un conjunto de instrumentos para recaudar recursos, administrar el déficit o financiar el gasto público. Es una de las instituciones fundamentales mediante las cuales una sociedad decide cómo distribuye cargas, riesgos, oportunidades y bienes comunes. Es, en ese sentido, debe ser entendida como una institución de justicia.

Esta perspectiva modifica la discusión dominante, pues la pregunta deja de ser exclusivamente cuánto debe recaudar México y obliga a preguntarnos quién debe contribuir, en qué proporción, para financiar qué bienes públicos y bajo qué concepción del desarrollo. Una sociedad puede conservar determinados equilibrios macroeconómicos y convivir al mismo tiempo con pobreza, desigualdad extrema, precariedad laboral y una profunda segmentación en el ejercicio de los derechos.

México ha logrado avances importantes en reducción de la pobreza. Sin embargo, eso no equivale a modificar los mecanismos estructurales que reproducen la desigualdad y que colocan a las personas en tal situación de vulnerabilidad económica, que cualquier desajuste o evento, como la pandemia, puede llevarles una vez más a la pobreza.

Igualmente, se pueden mejorar los ingresos en la parte inferior de la distribución mientras permanecen diferencias enormes de educación, protección social, oportunidades y poder económico. La cuestión fiscal aparece precisamente allí: en la capacidad del Estado para intervenir sobre esas condiciones y ampliar las posibilidades materiales desde las cuales las personas construyen sus vidas.

Por ello, México no necesita simplemente aumentar impuestos. Requiere revisar integralmente su arquitectura fiscal. Una reforma progresiva debería incrementar la contribución efectiva de quienes poseen mayor capacidad económica, reducir evasión y elusión, y erradicar privilegios fiscales; pero también tendría que favorecer la formalización, la inversión productiva, la innovación y la capitalización de pequeñas y medianas empresas. La progresividad no consiste en tratar de manera idéntica realidades económicas profundamente desiguales.

El otro componente es el gasto. Redistribuir adecuadamente significa tanto repartir la riqueza producida, como invertir sustantivamente en educación, salud, cuidados, ciencia, seguridad, transporte público e infraestructura y con ello elevar las capacidades humanas y productivas y generar, a su vez, mejores condiciones para crecer de manera sostenida. Necesitamos redistribuir mejor para ampliar las capacidades de crecimiento y crecer para ampliar las posibilidades de redistribución.

Existe además una dimensión constitucional. Los principios de proporcionalidad y equidad tributarias deben leerse conjuntamente con la rectoría estatal del desarrollo integral y sustentable y con la planeación democrática. La tributación transforma recursos privados en capacidades públicas para garantizar derechos. De ahí que un nuevo pacto fiscal deba vincular contribución, derechos, desarrollo y sostenibilidad.

La urgencia de una reforma fiscal mexicana reside, finalmente, en esa relación. No discutimos solamente cuánto dinero necesita el Estado. Discutimos qué sociedad queremos financiar colectivamente, qué desigualdades estamos dispuestos a aceptar y qué derechos estamos decididos efectivamente a garantizar. La política fiscal revela, en última instancia, nuestra concepción de la justicia.

Investigador del PUED-UNAM