México enfrenta una severa restricción estructural que limita su desarrollo económico y social. Durante los últimos siete años, la economía nacional prácticamente no ha crecido. Si se descuenta el crecimiento demográfico -de aproximadamente 1% anual- del crecimiento promedio del PIB real (estimado en menos de 1% anual entre 2018 y 2024), el resultado es preocupante: una caída del PIB per cápita en términos reales. En otras palabras, la economía no está generando suficiente valor para mejorar el nivel de vida promedio de la población.
El Producto Interno Bruto per cápita en nuestro país permanece estancado respecto a su nivel de hace más de una década. Este indicador no solo refleja la debilidad estructural de la economía, sino también la pérdida de competitividad social frente a países con menor tamaño pero mejor desempeño, como Chile o Uruguay. Asimismo, en un contexto global en el que se requieren saltos cualitativos hacia la innovación y la productividad, México sigue anclado en sectores de bajo valor agregado, mayoritariamente dependientes del sector exportador y de las tendencias de producción y desarrollo tecnológico del exterior.
A este estancamiento se suma el crecimiento de la deuda pública. Aunque oficialmente se insiste en que no se ha contratado deuda “nueva”, lo cierto es que el saldo total de las obligaciones del sector público ha aumentado de manera significativa. Tan solo en 2024, el déficit público ronda el 5.4% del PIB, lo que implica un uso creciente del endeudamiento para cubrir gasto corriente. Esta situación reduce el ya limitado espacio fiscal y condiciona la capacidad del Estado para invertir en desarrollo, ciencia, tecnología o infraestructura estratégica.
En paralelo, el costo fiscal de los programas sociales ha crecido sin estar acompañado de una reforma fiscal progresiva que garantice su sostenibilidad. Programas como la pensión universal para personas adultas mayores implican ya más del 1.5% del PIB. Si el crecimiento económico no mejora, estos compromisos se vuelven difíciles de sostener sin recortar otras áreas esenciales del gasto público.
Otro factor alarmante es la caída de la inversión productiva del Estado. Más allá de proyectos como el Tren Maya, Dos Bocas o el AIFA, no hay nuevas obras de infraestructura transformadora en marcha. Además, ninguna de las mencionadas ha generado aún el retorno económico que justifique su costo. Lejos de detonar crecimiento regional o cadenas de valor, estas inversiones operan con baja rentabilidad o subutilización.
El caso de PEMEX agrava aún más la situación. Con una deuda superior a los 100 mil millones de dólares, productividad estancada y subsidios crecientes, la petrolera enfrenta el riesgo inminente de perder el grado de inversión y convertirse en emisora de “bonos basura”; mientras que el rescate permanente de la empresa ha drenado recursos públicos sin mejorar su desempeño.
En este escenario, la presidenta Sheinbaum enfrenta una combinación peligrosa: presión fiscal, estancamiento económico, deuda elevada, y un contexto internacional adverso, marcado por la hostilidad norteamericana en temas como energía, comercio, seguridad y migración. El margen de maniobra es estrecho, y revertir esta vulnerabilidad estructural se vuelve una tarea urgente e ineludible.
Investigador del PUED-UNAM