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Legalismo vs. Garantismo

Legalismo vs. Garantismo

Columnas lunes 18 de mayo de 2020 - 00:49

En años recientes ha surgido en la práctica jurídica una disyuntiva en los criterios de toma de decisiones judiciales.
Mientras que el legalismo implica una visión de estricto apego al contenido normativo, el garantismo es una corriente ideológica que pondera la protección de los derechos humanos como “última ratio” de la toma de decisiones judiciales, cuando el estudio del caso involucre este tipo de derechos.
De esta forma, un comportamiento judicial esperado en una instancia de justicia constitucional, podría ser el “legalismo constitucional,” ya que su principal objetivo consiste en hacer prevalecer el contenido de las normas constitucionales.
Por otro lado, un tribunal encargado de la protección jurisdiccional de los derechos humanos necesariamente debería tener una tendencia a seguir un modelo garantista en la formulación de sus criterios de decisión dado que opera fundamentalmente bajo el interés de protección o tutela jurisdiccional de esos derechos.
En consecuencia, los criterios argumentativos del legalismo y del garantismo, podrían concebirse como diametralmente opuestos.
En este sentido, se presenta un problema de diseño institucional al otorgar a una misma instancia judicial, como puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, las funciones de control constitucional y la protección jurisdiccional de derechos humanos.
Esto es relativamente natural, debido a que una parte del catálogo de derechos humanos se encuentra contenido en la norma constitucional.
Pero ¿qué pasaría si fuera necesario garantizar derechos humanos contenidos en tratados y no en el texto constitucional? ¿Qué actitud debe tomar el órgano jurisdiccional: hacer prevalecer la norma “suprema” o garantizar el ejercicio de un derecho?
Resultaría muy complicado armonizar en una misma resolución judicial, el legalismo y el garantismo; por lo que en ciertos casos el operador jurídico debe funcionar en modo “legalista” o en modo “garantista.”
Pero cuando se trata de la protección de derechos humanos, no cabe duda que el comportamiento judicial debe ser garantista.
Las teorías del “bloque de constitucionalidad” o “parámetro de regularidad constitucional” son esfuerzos teóricos y jurisprudenciales por lograr que el garantismo se subsuma al legalismo, haciendo “malabares” para justificar una incorporación de los tratados en el orden constitucional, de tal manera que se pueda preferir una norma de rango inferior contenida en un tratado, frente a una de rango constitucional.
Estos esfuerzos teóricos, sin embargo, no resuelven la posible contradicción entre una disposición de otro tipo de ordenamientos (como una ley) y la constitución, en el caso de que se deba garantizar la eficacia de un derecho humano de rango infraconstitucional.
Tampoco se resuelve el problema de la jerarquía normativa prevista en el artículo 133 constitucional, que ubica a los tratados en un nivel infraconstitucional, y no en un “bloque” o “parámetro” de nivel constitucional.
Flor de Loto: ¿Proteger la constitución o tutelar derechos humanos?


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/CR

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