Los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) reanudan actividades el próximo lunes 7 de julio, luego de firmar un acuerdo con autoridades de la capital, que pone fin al paro de más de un mes, aunque sin lograr el alza salarial del 10 % que exigían.
En una reunión de casi cuatro horas celebrada este viernes 4 de julio, los representantes laborales y autoridades del PJCDMX, junto con funcionarios del Gobierno capitalino, convenieron en levantar el paro, programando el reinicio de funciones para el lunes siguiente.
El pacto contempla varios compromisos: un bono extraordinario en diciembre de 2025 separado del habitual, el reparto equitativo de más de 29 millones de pesos entre trabajadores de niveles O46 a J20, basificación por antigüedad, la creación de mesas de diálogo continuas y garantías de no aplicar represalias a quienes participaron en la movilización.
Sin embargo, el aumento salarial del 10 %, una demanda central del movimiento, no fue concedido. Las autoridades acordaron revisar el presupuesto y definir viabilidad antes del 15 de septiembre, sin comprometerse a cumplir la cifra exigida.
La huelga había paralizado diversos procesos judiciales desde el pasado 29 de mayo, afectando audiencias por divorcios, pensiones y casos de violencia intrafamiliar, lo que generó preocupación por la saturación del sistema judicial. Previo al convenio, el Consejo de la Judicatura ordenó la reanudación inmediata de labores, amenazando con descontar nómina y aplicar sanciones.
Tras el acuerdo, el PJCDMX se comprometió a iniciar mesas técnicas quincenales para planificar el presupuesto de 2026, con participación de representantes laborales, garantizar la base laboral y evitar cambios administrativos o económicos de represalia
Impacto y contexto
* El paro dejó al borde del colapso el otorgamiento de justicia en la capital, detenía procedimientos clave y saturó audiencias atrasadas.
* Aunque no hubo incremento salarial inmediato, el bono y la basificación podrían ser consideradas victorias parciales.
* El desafío pendiente es cómo materializar el crecimiento salarial sin comprometer la estabilidad del presupuesto.